Para el inicio del próximo invierno, el Gobierno nacional quiere tener en funcionamiento el gasoducto Néstor Kirchner, una obra de infraestructura fundamental para la planificación economica con miras a 2023, que además será el año de elección presidencial.

Se estima que el gasodicto tendrá un costo cercano a los 2.500 millones de dólares y su puesta en marcha incrementará la capacidad de transporte de gas en 24 millones de m3 diarios. Eso claramente evitará o reducirá fuertemente las importaciones del fluido que -tras el fuerte aumento del costo a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania- se llevaron gran parte de las reservas del Banco Central en el último invierno.

Entre los objetivos centrales del Gobierno están equilibrar las cuentas y garantizar energía a la industria y los hogares. De ahí la gran importancia de esta obra para la gestión del presidente Alberto Fernández. De hecho, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo en su carácter de economista que este gasoducto "cambia la ecuación económica de la Argentina".

 

La secretaria de Energía, Flavia Royón, tiene como rol principal asegurarse de que no se produzcan demoras, inconvenientes, ni ningún incidente que complique puesta en marcha del gasoducto a mediados del año proximo.

Funcionarios del área ya realizan reuniones semanales de seguimiento de la obra, entre ellos el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, además de representantes de la empresa Energía Argentina, y del ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

Al ser consultado sobre la cuestión, Bernal explicó que “la coordinación bien fina en esta mesa es vital para los cambios en marcha en el sistema de transporte, incluso en nuevos proyectos de distribución. Y se analizan las incidencias del programa Transportar.Ar”.

Ese programa se encarga de ejecutar las obras necesarias para promover el desarrollo, el crecimiento de la producción y el abastecimiento de gas natural, y propone sustituir las importaciones de GNL y de gasoil o fueloil que se utilizan para abastecer la demanda prioritaria y las centrales de generación térmica. Esas importaciones explican la caída de reservas del Banco Central.

El abogado santacruceño Agustín Gerez, titular de Enarsa, la empresa estatal encargada de la construcción del gasoducto, sostuvo que hay que discriminar entre la posibilidad de transportar gas y la finalización total de la obra.

 

“El funcionamiento va a comenzar el 20 de junio tal como se exige en el  pliego licitatorio. O sea, podrá transportar gas para esa fecha, cuando el gasoducto estará apto para funcionar con las condiciones técnicas de seguridad optimizadas para prestar el servicio. Esto es diferente a la finalización porque se puede poner en funcionamiento incluso antes del fin de la obra”, aseguró el funcionario.

En tanto, Bernal refirio que "no puede faltar gas ni puede haber cálculos  errados de la demanda. No podemos fallar en nada ni en las fechas de los aptos para funcionar”.

"Seremos implacables si no se cumple lo firmado"

 

En el mismo sentido, desde Enarsa anticiparon que “seremos implacables si no se cumple lo firmado. Si existen incumplimientos en los contratos, vamos a desplegar todos los instrumentos que tenemos para garantizar el cronograma. Además, estos contratos tienen carácter jurídico, cuentan con el respaldo de la Justicia”.

En el apartado N° 55 del pliego de licitación aprobado por el que se realizó la adjudicación del primer tramo que correrá desde la cuenca de Vaca Muerta en Neuquén hasta Salliqueló en la provincia de Buenos Aires, constan los montos de las multas y penalidades por incumplimientos de los contratistas.

Por ejemplo, se dispone una multa “por demora en la entrega de las obras en condiciones Apto para Funcionar (APF) Cuando el Contratista no entregue las obras en condiciones apto para funcionar dentro del plazo estipulado en este Pliego, Enarsa podrá aplicar una multa equivalente al 0,050% del monto total del Contrato por cada día de demora".

 

Del mismo modo, hay penalización “por entrega tardía de las obras para recepción provisoria total. Cuando el Contratista no entregue las obras dentro del plazo estipulado en este Pliego para la recepción provisoria total, Enarsa podrá aplicar una multa equivalente al 0,022% del monto total del Contrato por cada día de demora”. Además, se prevén multas por mora en la ejecución de las obras.

Las empresas contratistas de la obra, es decir BTU, Techint y Sacde, tienen en claro que “por cada día de atraso serán multados en torno a los 100.000 dólares diarios. Mientras que si entregan las obras en condiciones antes del 20 de junio, pueden ser beneficiadas con 100.000 dólares diarios. Por lo que no es sólo una cuestión de abogados y demandas. Existe un incentivo económico para que nada falle”, explicaron desde el Ministerio de Economía.

 

El 10 de agosto, el Presidente anunció el inicio de las obras en Vaca Muerta.
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