Después de haber revelado cómo se gestó la visita de seis diputados libertarios a un grupo de represores en la cárcel de Ezeiza, Lourdes Arrieta dio un paso que elevó aún más las tensiones en el espacio oficialista. La legisladora nacional filtró detalles de un proyecto de ley y un decreto reglamentario que planeaban impulsar sus pares de bloque con el objetivo de "obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas".

Arrieta difundió el borrador de estas iniciativas en sus redes sociales. La publicación fue la continuidad de lo que había comenzado el sábado por la noche, cuando dio a conocer la existencia de varios grupos integrados con la tarea de presentar un proyecto de ley que beneficiara a militares condenados por cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.

“Incorpórase el inciso 8 del artículo 59 del Código Penal Argentino, ley 11.179, el que quedará redactado de la siguiente manera: ‘Transcurridos veinte años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo'", indica el borrador del proyecto llamado "Derecho a ser juzgado en un plazo razonable".

En el decreto reglamentario, a su vez, puede leerse que se establezca en 25 años el período para que el Estado pueda arribar a una sentencia definitiva en una acusación penal contra cualquier persona y que, “vencido el plazo máximo fijado, operará la extinción de la acción penal por insubsistencia”.

“Este plazo comenzará a contarse desde la fecha de comisión del ilícito, o desde la mayoría de edad si la víctima fuese menor. El cómputo del plazo se suspenderá en caso de que la Nación sufra una interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres Poderes”, agrega el texto.

Si bien Arrieta no mostró las firrmas en los textos, las conversaciones difundidas el sábado pertenecían a un grupo del que formaban parte los legisladores Alida Ferreyra, Beltrán Benedit, Celeste Ponce, Carlos Zapata, Lilia Lemoine, Alberto Arancibia; los abogados Laura Olea, Ricardo Saint Jean y el ex juez de Casación, Eduardo Riggi, así como también Guillermo Montenegro y Santiago Santunient, entre otros.

De acuerdo con el testimonio de Arrieta, el grupo había sido creado por el padre Javier Ravasi. Y allí, Olea envío una serie de iniciativas que buscaban imponer un “plazo razonable de los procesos y modificar la Ley de Ejecución Penal, el Código Penal y Procesal”.

"El proyecto tiene como finalidad obligar a los jueces a conceder la prisión domiciliaria, manifestando que los que están en cárceles irían a domicilio y muchos obtendrían la libertad’”, destacó Ravasi.

Con intención de no vincular aquellos proyectos con la figura del presidente Javier Milei, Arrieta aclaró en sus redes sociales: “Intento de impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad. No es la agenda del presidente Milei. Tengo absoluta claridad que estos proyectos nada tienen que ver con los ideales de la libertad. No voy a permitir que se manipulen leyes a espaldas de Milei”.