La jueza Liliana Heiland, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 10, dispuso la intervención de la empresa de servicios postales OCA, cuya deuda impositiva y previsional con la AFIP asciende a 3.400 millones de pesos. En el fallo dictado ayer, la magistrada dispuso una serie de medidas que incluyen, entre otras, que OCA S.R.L., OCA Logística S.A., y OCA Postal S.A. "se abstengan de efectivizar la escisión (división) de las unidades de negocios y que, en caso de haberlo hecho, se retrotraigan".

El propósito de la magistrada es impedir el vaciamiento de la sociedad dominante del grupo, sospechosa de preparar el traslado de su personal y activos a otras dos empresas sin pasivos, con las que podría operar a pesar de que se declare la quiebra de la compañía líder.

Heiland también solicitó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que se abstenga de registrar a OCA Postal S.A. y OCA Logística S.A. para prestar servicios bajo su regulación. Por otra parte, ordenó el embargo preventivo de las cuentas bancarias de esas firmas.

La disposición judicial se fundamentó en la solicitud del organismo tributario federal de impedir la consumación del proceso de alteración operativa y patrimonial de la compañía, propiedad de Patricio Farcuh, para así evitar mayores riesgos.

El interventor designado es Marcelo Eugenio Griffi, quien venía desempeñando la función de veedor judicial en la empresa. Se espera que Griffi asuma la semana próxima, con la misión de presentar un primer informe en el plazo de 30 días a contar desde la fecha del fallo de ayer.