La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe referido a la Revisión Tarifaria Integral (RTI) en el que revela que la gestión de Cambiemos benefició a las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur al aprobar "costos operativos mayores a los reales", lo que impactó en la tarifa final que pagaron los usuarios y en "una mayor rentabilidad para las empresas".

El reporte de la AGN advirtió de esa forma que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) -entre el 28 de enero de 2016 y el 1 de febrero de 2018- no cumplió con la tarea de controlar en las concesiones de Edenor y Edesur -empresas que prestan el servicio de distribución eléctrica en el Área Metropolitana Buenos Aires-.

El informe dio por comprobado que "la Revisión Tarifaria Integral benefició a las distribuidoras en detrimento de los usuarios ya que se aprobaron costos operativos mayores a los reales, lo que impactó en la tarifa final que pagaron los usuarios y en una mayor rentabilidad para las empresas".

El relevamiento fue aprobado durante un encuentro realizado hoy en la sede del organismo, donde sesionó el Colegio de Auditores con la presencia de su titular, Jesús Rodríguez, y los auditores generales María Graciela de la Rosa, Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada, Miguel Pichetto y Alejandro Nieva.

Sobre los costos operativos de las empresas que aprobó el ENRE en el citado lapso, la AGN detectó que resultaron "mayores a los costos reales de las distribuidoras, lo que implicó una sobreestimación de los mismos y un mayor reconocimiento a incluir en el Costo Propio de Distribución para el cálculo del cuadro tarifario".

Juan José Aranguren, el hombre que decidía los aumentos de tarifas durante la gestión macrista.

Comparando los costos presentados por las empresas con sus Estados Contables, el equipo auditor determinó que el Enre aprobó costos operativos un 54% superiores para Edenor y un 61% para Edesur. Estas sobreestimaciones representaron montos adicionales para las distribuidoras equivalentes a $2.193,91 millones para Edenor y $ 2.027,21 millones para Edesur a ser solventados por los usuarios en sus tarifas, por lo que se afirmó que "estos sobre costos derivaron en una tarifa final mayor para los usuarios".

"La fórmula para determinar las bonificaciones que debía otorgarse a los usuarios por cortes de suministro perjudicaron a los mismos con respecto a la situación previa", agregó el trabajo.
También se detectaron "desvíos de los planes de inversión comprometidos por parte de las distribuidoras, lo que llevó a que en los primeros dos años del quinquenio persistan los cortes de suministro".

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