El Gobierno presentará este viernes el programa Precios Justos, que tendrá una duración de cuatro meses y que abarcará a 1.500 productos elaborados por un centenar de empresas.

Desde el Ministerio de Economía aclararon que no se trata de un congelamiento de precios, sino de "un acuerdo voluntario entre el Estado, empresas de consumo masivo, cámaras mayoristas y supermercados".

Con el objetivo de "lograr la estabilidad de los precios de productos esenciales que consumen los hogares argentinos", Precios Justos aspira a mantener constantes los valores de 1.500 productos de los rubros alimentos, bebidas, lácteos, higiene personal y limpieza, precisaron fuentes oficiales.

El acuerdo establece que los productos que se mantendrán con precios fijos ingresarán en el programa con un valor hasta un 4% superior al promedio registrado durante octubre de 2022, y deberán mantenerse estables por espacio de 120 días.

El Estado nacional otorgará garantías y certidumbres en el proceso de importación de bienes intermedios y de los bienes terminados, que son parte de la cadena de valor e insumos para las empresas que participen del programa.

Del acuerdo participarán alrededor de cien firmas, que representan el 86% del consumo masivo en el país y entre las que se destacan Molinos, Coca Cola, Unilever, Quilmes, Mastellone, AGD, Ledesma y Las Marías, entre otras.

En tanto, los consumidores podrán consultar los productos y cadenas comerciales adheridas al programa, ingresando a partir de este viernes a www.argentina.gob.ar/preciosjustos o bien a través de una aplicación por celular, disponible en Android e IOS, además de dos chatbots para el canal minorista (+54 9 11 2879 0887) y mayorista (+54 9 11 2524 4728).

El Ministerio de Economía estableció las condiciones y la modalidad que adoptará el programa Precios Justos, acuerdo que regirá por cuatro meses -desde el actual hasta febrero próximo-, a través de la Resolución 823/2022 publicada en el Boletín Oficial.

La nueva iniciativa tendrá el objetivo de “garantizar la venta al consumidor final de ciertos productos a un precio fijo o una variación constante y previamente acordada por un plazo determinado que le otorgue previsibilidad”, y se prolongará entre este mes y el 28 de febrero próximo.

En tanto, las empresas que se sumen al programa deberán comercializar al resto de sus productos (que no tendrán precios fijos) con un tope de aumento de 4% en noviembre respecto a los valores promedio de octubre, y con topes de la misma magnitud para el resto de los meses de vigencia tomando siempre como referencia el valor del mes anterior.

En todos los casos, las empresas que suscriban el convenio deberán vender los productos de forma “constante e ininterrumpida”, tomando en cuenta “el promedio de abastecimiento ocurrido en los últimos doce meses” y que las firmas “cuenten con los insumos necesarios a dicho efecto”.

Para ello, la resolución dispuso un esquema de control mediante el cual cada empresa deberá informar de forma mensual, entre los días 1 y 10, el volumen total provisto a los supermercados de cada uno de los productos con precios fijos a la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno.

Por su parte, en caso de que las empresas no puedan proveer el producto por causas ajenas a las mismas, deberán informarlo a las 72 horas de tomar conocimiento de dichas causa y comercializar, en su lugar, algún producto sustituto y equivalente.

Del mismo modo, los supermercados también deberán informar bajo el mismo esquema los volúmenes solicitados al proveedor y los efectivamente recibidos.

Al igual que en otros programas gubernamentales, los productos que formen parte del programa estarán señalizados en las góndolas, folletería y plataformas digitales con el nombre Precios Justos, al igual que en las puertas de ingreso de los locales adheridos.

Las empresas caerán en una infracción en el caso de no ofertar los productos, no identificar con la señalética a, al menos, el 80% de los mismos; o en el caso de que establezcan alguna restricción al número de venta por consumidor o grupo familiar. También caerán en un incumplimiento si no responden “en tiempo y forma a los requerimientos de información”.