Como aquella marcha universitaria multitudinaria del 23 de abril, en el Gobierno sienten que el escándalo por los alimentos retenidos es otra bala que entró. Ocurre en días en los que el mercado financiero está inquieto y en la Casa Rosada culpan a "la política" por el manto de dudas que todavía recubre a la Ley Bases y el paquete fiscal que tratará el Senado con otra movilización masiva. "La única garantía que necesitamos es el apoyo de la gente y lo tenemos", aseguraron a Crónica cerca del presidente Javier Milei, donde miran el riesgo país y ya anticipan que la inflación volverá a subir.

Para la votación en general "están los números", pero en la Casa de Gobierno ningún colaborador se anima a darlos por seguro. "Puede haber sorpresas, sin dudas", le confesó un estrecho colaborador de Milei a este medio y reforzó la hipótesis del Presidente sobre cómo "la casta" frena las reformas y pone nerviosos a los mercados.

El oficialismo calcula que en el Senado tiene 38 votos para la aprobación en general (del total de 72 bancas) de los dos proyectos. Es uno más del mínimo que necesita.

Sin embargo, el poroteo de La Libertad Avanza no descarta que algún senador modifique su compromiso a último momento, por presión de "la calle", marcharán la CGT y movimientos sociales, entre otros, y hasta evalúan un escenario de igualdad en el que desempataría la presidenta del Senado, Victoria Villarruel.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, profundizó los esfuerzos esta semana para que las iniciativas del Poder Ejecutivo logren la aprobación en general y que los capítulos cuestionados (Ganancias, reforma laboral, privatizaciones, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones -RIGI-) retornen a Diputados con modificaciones. Descartan que la Cámara de origen aceptará esos cambios.

El flamante jefe de Ministros se quedó en el despacho de la planta baja donde funciona Interior (ahora secretaría). No se mudó como se especulaba al primer piso, donde siempre funcionó la Jefatura de Gabinete, una oficina lindante con la del Presidente que ahora ocupa la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Allí, Francos recibió entonces a los cinco gobernadores que pasaron por Casa Rosada esta semana con el objetivo de reactivar la obra pública antes de la votación que efectuarán este miércoles sus terminales en el Congreso. Algunos se llevaron los fondos para obras que habían quedado frenadas, otros la aprobación para continuarlas con créditos que estaban aprobados para la Nación y ahora se hará cargo la provincia.

El gobierno nacional juega fuerte para destrabar las dos megaleyes que, junto con el DNU 70/2023, son el corazón de las reformas y las desregulaciones económicas que se propone llevar a cabo y en las que, a seis meses de gestión, ha conseguido avanzar en parte.

A punto tal que hay versiones sobre un ofrecimiento puntual a la senadora neuquina Lucila Crexell a cambio del voto a favor: proponerla de embajadora argentina ante la Unesco.

Son cuestiones que se revelarán la próxima semana en el recinto. Por lo pronto, la senadora que pertenece al Movimiento Popular Neuquino -partido que lidera el gobernador de esa provincia, Rolando Figueroa, uno de los que pasó la Rosada y se reunió con Francos- habría sido advertida por Unión por la Patria (cuenta con 33 bancas) de que si vota a favor de la Ley Bases, no le aprobará el pliego para la Unesco.

El "Rolo" Figueroa no es el único patagónico que estuvo en Buenos Aires. El mandatario de Chubut, Ignacio Torres, se reunió también con Francos. No pasó a ver al jefe de Gabinete, aunque sí al ministro de Economía, Luis Caputo, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. Los jefes provinciales de la región sur insistirán con su pedido de subir el mínimo imponible de Ganancias en el Senado para la zona desfavorable.

Mientras esperan por la Ley Bases, en el gobierno consideran que con el DNU 70/2023 vigente tienen la base de desregulaciones que necesitan para gestionar. Pero la votación sobre la fórmula de movilidad de las jubilaciones, en las que el peronismo kirchnerista votó a favor de mejorarla unido a los dialoguistas de la UCR y Hacemos Coalición Federal, encendió algunas alarmas. Se trata de una mejora extra del 8% en el empalme con la fórmula anterior.

"No puede ser que el Congreso pueda votar eso sin estar obligado a decir de dónde sale la plata", se quejó una alta fuente de la Casa Rosada al ratificar la decisión de vetar la iniciativa que favorece a los jubilados.

¿Les preocupa el costo político de esta decisión?, se le preguntó. "No, serán los que voten junto con el kirchnerismo los que tendrán que esperar a ver si a la gente le gusta que actúen así", explicó.

Esos dirigentes que se mostraban hasta ahora completamente fragmentados, se aliaron para atender el poder adquisitivo de los jubilados. La propuesta llegará luego al Senado y muchos se preguntan si es la primera muestra de piezas que se unen contra el gobierno y se saltean la grieta. Al Presidente se lo notó ofuscado luego de la por ahora efímera, pero manifiesta unidad y advirtió que le importa "tres carajos" y vetará lo que aprueben los "degenerados fiscales que atentan contra el equilibrio fiscal".

"Hay una nueva mayoría opositora que quiere romper todo y nosotros vamos a seguir teniendo el apoyo de la gente que es nuestra garantía", resumió otro miembro de las primeras filas del gobierno donde admiten que subió el riesgo país y hay volatilidad en los mercados y se lo adjudican a los obstáculos que la oposición le pone a Milei en el Congreso.

El cálculo que hacen cerca de Milei sobre el impacto de las decisiones políticas en precios evidencia que si bien lo niegan, el costo político del ajuste comienza a sentirse en el despacho presidencial donde solían anclar ese razonamiento a un fenómeno exclusivamente monetario.

Es que comienza a ser necesario explicar la recesión que se observa en casi todas las actividades productivas y la consecuente suba del desempleo.

En ese marco, apareció el consejo para Milei de la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack. Le pidió "asegurar que el ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras"; "aumentar la asistencia social para apoyar a los pobres"; y "promover el empleo formal en el país".

Un alto funcionario de la Rosada compartió con este medio su respuesta a las sugerencias del Fondo: "Si así lo quieren, que lo financien ellos".