El Poder Ejecutivo envió al Senado el proyecto del nuevo Código Penal, el cual comenzará a ser tratado en comisiones durante abril. Entre otros puntos, la iniciativa establece penas más duras por corrupción, mantiene al aborto como ilegal y criminaliza los cortes de calle y tirar piedras a la policía.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, dijo que "los argentinos merecemos un Código moderno, que dé respuesta a la criminalidad compleja y a los reclamos de la sociedad". El objetivo de Cambiemos es la modernización del Código que rige desde 1921 y que sistematiza unas 900 leyes especiales.

Entre los puntos de la nueva presentación se destaca que, en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, no prevé eliminar la penalización, como proponía el proyecto que fracasó a mediados de 2018 en el Senado, sino que deja a criterio de cada juez la aplicación o no del castigo.

El texto enviado por el gobierno declara la emergencia penitenciaria y despenaliza la tenencia de drogas de uso personal en escasa cantidad. Y mantiene la condena para la mujer que aborte, aunque el juez podrá eximirla de la pena. Para los casos de corrupción que impliquen pago de coimas, sobornos y enriquecimiento ilícito de funcionarios, las penas pasarán de la escala actual que va de 1 a 6 años de prisión a otra de 4 a 12 años, y deberán ser de cumplimiento efectivo.

En este último ítem no sólo se incluye a funcionarios sino a titulares de obras sociales y a todos aquellos que estén obligados por ley a presentar declaraciones juradas patrimoniales. La iniciativa incorpora el delito del acoso laboral, castiga la tenencia de pornografía infantil y aplica el seguimiento para casos de delitos como el abuso sexual agravado y delitos de violencia de género.

Por otra parte, los cortes de calles y la protesta social en general, tendrán penas más duras y se calificarán como "entorpecimiento del transporte público". Además, habrá hasta 2 años de prisión para quienes arrojen elementos que pudieran provocar lesiones o muertes, que se eleva a 3 años cuando es contra miembros de las fuerzas de seguridad.

Además, el nuevo Código propone como agravante la utilización de motocicletas en delitos de robo, la modalidad conocida como "motochorros".

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