La ministra de seguridad, Patricia Bullrich, justificó la aplicación del protocolo antipiquetes en una audiencia dispuesta en Comodoro Py por el juez Sebastián Casanello.

Luego del pedido de informes por la aplicación de estas medidas por parte de la justicia, desde el Ministerio de Seguridad enfatizaron que este protocolo “es legal” y fue dictado dentro de las competencias del área y que “no recibió denuncias de abusos por parte de fuerzas de seguridad a raíz de su aplicación”.

“La Resolución ahora cuestionada no transgrede disposición alguna, ni de la Constitución Nacional, ni de los Tratados sobre Derechos Humanos, menos aún las normas internacionales del Trabajo, en particular el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicación”, manifestaron. 

La legisladora porteña Celeste Fierro, en representación de MST, cuestionó que el protocolo “da más poder de actuación a las fuerzas de seguridad sin previa orden judicial ante las protestas”.

Previo a esta mediación entre estas partes, Fierro había postulado la inconstitucionalidad del “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” por lo que el juez Casanello pidió las explicaciones al ministerio de Seguridad.

Esta audiencia pasó a un cuarto intermedio para la próxima semana, aunque todavía no se especificaron los días y horarios para que se lleve a cabo, pero Casanello resolvió dictar una medida que actúe “como paraguas de protección de los derechos y libertades democráticas fundamentales”.

“Los términos del protocolo se traducen en instrucciones a las fuerzas de seguridad que pueden ser a priori confundidas como habilitación de poder punitivo por fuera de la norma penal emanada del poder legislativo y/o de interpretación reservada al poder judicial”, enfatizó el juez.

Casanello advirtió que “frente a situaciones que impliquen la posible comisión de un delito contemplado en el Código Penal”, el personal de las fuerzas de seguridad “deberá, a la par de proteger los bienes jurídicos amenazados, efectuar la inmediata consulta con el Juzgado y/o Fiscalía de turno correspondiente”. Según el juez, las fuerzas de seguridad tienen “el rol de auxiliares del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal”.

“Es un paso adelante en toda esta lucha que venimos dando para cuestionar este protocolo represivo, logramos que se siente Bullrich a dar explicaciones sobre este protocolo que está completamente cuestionado, vamos a seguir en todas las instancias para que caiga”, expresó la legisladora Fierro tras la finalización de la audiencia.