El mega decreto anunciado por Javier Milei que implica una profunda desregulación de la economía, propone un "plan de estabilización de shock", deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas, podría correr peligro por el amplio rechazo que despertó en los bloques opositores que deberán tratarlo en el Congreso.

Las fuerzas opositoras, a excepción del PRO, se posicionan en contra de avalarlo y esta situación podría ser la primera derrota en el plano legislativo del gobierno del libertario.

La Mesa Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) y dirigentes de ese partido expresaron que el Decreto de Necesidad y Urgencia es "inválido", que "no puede reemplazar al Congreso". Desde el partido centenario remarcaron que se debe convocar a sesiones extraordinarias y modificar la medida "por una ley que se vote por capítulos" para que puedan sancionarse "las reformas positivas" y evitarse "las que no lo sean".

El presidente de la UCR, Martín Lousteau, por su parte, sostuvo que "en el contenido del mega DNU hay algunas iniciativas que pueden ser interesantes y otras irrelevantes para la agenda urgente" y manifestó que "otras pueden juzgarse como buenas, malas o realmente muy malas para las urgencias de la sociedad. Cada una de ellas merece un análisis riguroso e individual y para eso está el Congreso".

Si bien remarcó que está de acuerdo "en que debemos cambiar muchas cosas en Argentina, entre ellas el improductivo desempeño de partes de nuestro Estado y regulaciones que traban el buen funcionamiento de diversos sectores de la economía", el senador radical propuso "reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a (sesiones) extraordinarias para darle tratamiento urgente".

"Ninguna reforma de fondo duradera puede lograrse de esta forma", opinó.

Por su tarde, los diputados Miguel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot y Margarita Stolbizer se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Le transmitieron que están dispuestos a colaborar con el Gobierno y garantizar la gobernabilidad, pero esta actitud -la de ningunear al Congreso con DNUs- no ayuda. También resaltaron la importancia de avanzar por las vías legislativas habituales.

Horacio Rodríguez Larreta, quien es referente de un sector de legisladores del PRO en Diputados y el Senado, también cuestionó la intención de imponer las reformas por decreto.

En tanto, el jefe de bloque de la Coalición Cívica, Juan López, analizó: “No me sorprende tanto que el presidente de la Nación no evalúe la vialidad institucional del DNU, sí me preocupa que no comprenda la precariedad jurídica de las transformaciones que propone- muchas de ellas necesarias- porque de eso depende que el cambio se consolide. Sin seguridad jurídica no habrá confianza”.

El sector que hizo punta con el rechazo absoluto al decreto fue el kirchnerismo. El jueves por la mañana, el jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), sumó más presión y reclamó la constitución de la comisión bicameral que controla la constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia. En el mismo sentido se expresó su colega en la Cámara de Diputados, Germán Martínez.