La querella de familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017, presentó un recurso extraordinario para llegar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo es que se revise el fallo que confirmó el sobreseimiento al expresidente Mauricio Macri en la causa que investiga supuestas maniobras de espionaje ilegal.

El escrito fue presentado por la abogada Valeria Carreras, representante de un amplio grupo de familiares de tripulantes del submarino. En él se hace hincapié en que el tema debe ser evaluado por el máximo tribunal por la “importancia y gravedad institucional” que encierra.

La presentación de 13 páginas es contra el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó el sobreseimiento de Macri en la causa por espionaje ilegal a familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino, ocurrido en noviembre de 2017.

 

 

Casación había convalidado el fallo de la Cámara Federal porteña, en el que se sostuvo que las maniobras que la querella consideraba de espionaje ilegal estaban en realidad vinculadas a la seguridad presidencial. Además, dijeron los jueces, el exmandatario no estuvo directamente involucrado en ellas.

Las tareas de inteligencia de los familiares de los tripulantes del submarino ocurrieron mientras reclamaban justicia y saber la verdad sobre lo ocurrido con el ARA San Juan. En ese contexto, las familias de los tripulantes fueron fotografiadas, en las calles, en misas y esas fotos llegaron a informes de inteligencia que fueron encontrados en poder de la AFI.

Macri llegó a estar procesado en esta causa por decisión del juez federal de Dolores, Martín Bava, pero luego la Cámara Federal porteña revocó esa decisión.

 

Espionaje a los familiares del ARA San Juan: el rol de la AFI

 

Según la abogada, las averiguaciones sobre la actividad y las reuniones que mantenían los familiares correspondían a acciones de la Agencia Federal de Inteligencia, por entonces bajo la conducción de Gustavo Arribas, quien reportaba directamente a Macri. 

“La gravedad radica en convalidar una facultad a la AFI que no está contemplada por ley de Inteligencia. La gravedad radica en vulnerar derechos constitucionales. La gravedad radica en revictimizar a mis representadas”, continuó la doctora Carreras.

 

 

Para ello la letrada se basó en la opinión del fiscal José Luis Agüero Iturbe, quien había manifestado ante la Cámara Federal que un fallo como el cuestionado convalidaba “las tareas de seguimiento, fotografías, reportes, infiltraciones, informes, clasificación de información de las representadas, simples ciudadanas, sin orden de un juez, y sin acreditar peligro y sin efectuar denuncia, lo que es lisa y llanamente espionaje ilegal”.

“Estamos en la oportunidad histórica de dar una respuesta cívica, ante el accionar de agentes de inteligencia, miembros de la AFI, sobrada prueba de tareas de investigación e inteligencia durante un año sobre mis representadas y familiares, a fin de determinar que fueron tareas de espionaje ilegales, prohibidas por ley o fueron legitimas en razón de prueba contundente e inequívoca sobre la peligrosidad de mis representadas”, sostuvo Carreras.

 

 

El fallo cuestionado por Carreras -y también por los abogados Luis Tagliapietra y Mariano Bergés en otros escritos- había sido alcanzado por Casación con una mayoría conformada por los jueces Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci.

En aquella ocasión, la jueza Ángela Ledesma voto en disidencia y consideró "que la Cámara (Federal porteña) incurrió en una interpretación errónea y extensiva de las normas que rigen en materia de inteligencia al habilitar, por vía de un supuesto de seguridad presidencial, una ampliación indebida de las facultades previstas en la Ley de Inteligencia".