El proyecto de reforma judicial enviado al Congreso por el gobierno nacional abrió nuevamente el debate sobre todo el sistema de justicia en Argentina. Lejos de quedarse con esa iniciativa, el Ejecutivo espera además el informe del Consejo Consultivo de especialistas sobre otras reformas, y avanza contra un funcionario designado por Mauricio Macri, después de haber logrado el aval para desplazar a los jueces que el gobierno anterior ubicó en forma irregular.

En distintos escenarios, la discusión sobre cómo organizó Cambiemos la estructura judicial contra el kirchnerismo y cuál será el nuevo esquema, avanza sin pausa. 

En el Senado, donde se debate la iniciativa que crea nuevos juzgados federales y le quitaría poder a los jueces de Comodoro Py, expondrá hoy Alberto Seijas, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, que ayer advirtió que el proyecto es "inconstitucional"

A la reunión, que se realizará en forma virtual desde las 14,  habían sido invitados también el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni -de fuerte simpatía con el kirchnerismo- y el referente del Colegio de Abogados de Buenos Aires Alejandro Fargosi -de ideología opuesta a Zaffaroni-, pero ambos postergaron su presentación para el martes próximo.  El martes expuso la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que también se cruzó con la oposición.

Desde la oposición insisten en que el Frente de Todos busca garantizar que se frenen las causas contra Cristina Kirchner, y temen una avanzada contra los funcionarios del macrismo. De hecho, el fin de semana hubo un cacerolazo en el Obelisco, poco concurrido, contra el proyecto. 

Correo Argentino, Macri y Casal

En paralelo a este debate, el oficialismo estudia avanzar con el juicio político al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal. La idea tiene doble raíz: por un lado, de aprobarse la reforma judicial, la función del Procurador crecería en el liderazgo de los fiscales que impulsan las causas. Y Casal fue designado en su cargo por Mauricio Macri en el 2017 -cuando lograron separar a Alejandra Gils Carbó de ese puesto-, por lo que no cuenta con la simpatía del Frente de Todos. Además, el funcionario está apuntado por su rol en la investigación del acuerdo de la deuda que la familia Macri mantiene por la compra del Correo Argentino. 

Durante su presidencia, el Estado había aceptado una significativa reducción del monto que las empresas de la familia del presidente debían, y la fiscal del caso -Gabriela Boquín- denunció públicamente el hecho y logró frenar dicho acuerdo. Ayer, la funcinoaria judicial se presentó en la comisión bicameral de monitoreo y seguimiento del Ministerio Público, donde se investiga a Casal por diversas irregularidades. Allí contó que la semana pasada el Procurador le inició un sumario por presunto maltrato de sus empleados, y aseguró sentirse "perseguida" y "presionada" por el hombre al que el kirchnerismo apunta sus cañones. 

"Considero que hoy el procurador me está persiguiendo y se lo dije a él. Lo puse por escrito", dijo en una sesión virtual que incluyó una vez más fuertes cruces entre oficialistas y opositores. 

Boquín dejó otra denuncia que el kirchnerismo tomó: mientras investigaba el acuerdo, su teléfono fue pinchado por alguien que dijo ser su ex esposo, y le abrieron el auto para revisar sus papeles (en un hecho que quedó filmado y se ve a los delincuentes ponerse guantes para no dejar huellas). Justo el mismo día que procesaban al ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del macrismo, Gustavo Arribas, por las causas de espionaje ilegal. 

La Justicia que pasó y la que viene

La semana pasada, el oficialismo logró en el Consejo de la Magistratura declarar nulos por irregulares las designaciones de jueces realizadas durante el gobierno de Macri. Son 39 juzgados que el ex presidente decidió evadiendo el paso por el Senado (donde no tenía los votos para designar jueces sin consenso con el kirchnerismo). Para eludir ese paso, Cambiemos había optado por el traslado de magistrados de fueros menores a lugares de relevancia, donde se siguieron algunas causas contra funcionarios del kirchnerismo (entre ellos, Amado Boudou). 

Con empate de dirigentes alineados en el kirchnerismo y la oposición, la definición la tuvo la ex massista y actual diputada nacional por el espacio de Roberto Lavagna, Graciela Camaño. Al anunciar su decisión, fue tajante: "A los preocupados por las causas de CFK, esto no las afecta en nada. En cuanto a las causas de Macri, no serán sustanciadas por jueces mal nombrados".

Como si se tratara de un tablero de guerra, oficialismo y oposición disputan el rol de los jueces en cada uno de los casilleros. 

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