Aunque rechazó por improcedente abrir el recurso para analizar el pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para hacer lugar a una acción declarativa de certeza -buscando evitar futuras impugnaciones a las leyes que puedan votarse por teleconferencia-, la Corte Suprema de Justicia avaló la cuestión de fondo planteada.

Tal es así que, con esta decisión, la titular del Senado queda habilitada para poder llamar a sesionar al cuerpo y debatir leyes impositivas, como el impuesto a la riqueza, del modo que
considere conveniente. La decisión fue tomada por los ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

Según indicaron fuentes judiciales, la mayoría integrada por Highton, Maqueda, Lorenzetti resolvió que el Senado de la Nación tiene las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento en cuanto a la manera virtual o remota de sesionar, sin recurrir a la Corte.

Rosatti, en un voto concurrente, declaró que la presentación no correspondía a la competencia originaria de la Corte y subrayó que el Senado puede regular su propio funcionamiento, sin que ello signifique prejuzgamiento sobre el contenido del debate.

También advirtió que “lo resuelto por este alto tribunal no implica avalar ni invalidar apriorísticamente ninguna norma futura que se sancione, presencial o no presencialmente”.

Rosenkrantz, en disidencia parcial, entendió que la presentación no constituye acción o recurso regulado en la Constitución, y se pronunció por rechazar “in límine”. La vicepresidenta
había reclamado que el máximo tribunal “despeje el estado de incertidumbre respecto a la validez legal de sesionar mediante medios virtuales o remotos”.

Cristina planteaba que la necesidad de reunirse para sesionar podría poner en peligro la vida de alguno de los legisladores, por estar en una edad de riesgo para el coronavirus.