De cara a un cierre de año con alta conflictividad, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó su plenario nacional donde, por votación unánime, se decretó un paro de 24 horas para el 5 de diciembre. La medida de fuerza contempla además movilizaciones en rechazo al recorte salarial en las paritarias, condena a las amenazas del Gobierno manifestadas a través de diferentes ministerios como también a los exámenes de idoneidad en la administración pública. En ese marco, desde la organización sindical precisaron que "la tónica de violencia" de la gestión libertaria incluye el caso de las sanciones anunciadas por el Ministerio de Justicia luego de los reclamos en el Registro de la Propiedad Automotor.

"Si los estatales no vamos a la huelga, estos tipos nos llevan puestos. Ya destruyeron nuestros salarios y ahora, con exámenes de idoneidad que son ilegales, pretenden seguir despidiéndonos. ¿Qué examen nos va a tomar esta gente sobre nuestro trabajo si no lo conocen? No tienen idea", sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. Tanto el sindicalista como otros integrantes de la conducción gremial coincidieron en manifestar que "corresponde decir que los funcionarios de esta gestión no tienen autoridad moral para ningún tipo de evaluación". El debate del plenario también resolvió mandatar a la conducción nacional de ATE para definir medidas de fuerza en los días previos al 5 de diciembre como también sumar otras protestas en esa fecha. El plenario federal se realizó en el anfiteatro Eva Perón de la sede nacional de ATE con la presencia de más de 1.000 representantes de todo el país.

Allí definieron también que habrá marchas y movilizaciones sobre las rutas, asambleas y radios abiertas, donde se expresa que el Presupuesto golpea todas las regiones del país. Sobre esa previsión de gastos para el año próximo, y la continuidad del ajuste aplicado a ingresos y jubilaciones la asociación de estatales, el plenario recordó que en la última mesa paritaria el Gobierno fijó un 2% para este mes y un 1% para diciembre, que tuvo la aceptación de la Unión del Personal Civil de la Nación, en los términos del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06. Dentro de esta pauta salarial en ATE consideraron que la pérdida del poder adquisitivo de los estatales ya supera el 39% en lo que va del año.

También expresaron su rechazo al Sistema de Evaluación Pública mediante el cual pretenden evaluar a trabajadores con diez, quince y hasta veinte años de trayectoria en el Estado. Los contratados evaluados son más de 40.000, excluyendo a quienes están amparados en el cupo por discapacidad y el cupo trans.

El sindicato además exige el cese de los despidos, la reincorporación de todos los cesanteados, el freno del vaciamiento de los organismos públicos y de los intentos de privatizaciones de las empresas estatales mediante quiebras fraudulentas.