INVESTIGACIÓN

Antes de dejar su cargo, Vítolo solicitó una nueva auditoría sobre los fondos de la AFA

La Inspección General de Justicia (IGJ) busca revisar el manejo de casi 350 millones de dólares vinculados a la Superliga. La decisión final sobre la designación de veedores queda ahora bajo la órbita del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

En su última medida oficial antes de abandonar la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo firmó un segundo requerimiento para que el Ministerio de Justicia designe veedores destinados a auditar las finanzas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). 

En esta oportunidad, el foco está puesto sobre la Superliga, la asociación civil que tuvo a su cargo la administración de USD 348 millones entre los años 2020 y 2024.

El pedido ingresó formalmente a la cartera de Justicia el pasado jueves, en coincidencia con la jura de Juan Bautista Mahiques, quien reemplazó a Mariano Cúneo Libarona

Ahora, el nuevo ministro deberá resolver si da curso a esta solicitud y a un expediente previo que ya investiga presuntas anomalías en los balances de la entidad que conduce Claudio Tapia, incluyendo la creación de la Universidad de la AFA y contratos con firmas privadas.

El alcance de la inspección

La resolución de la IGJ no busca desplazar a los directivos actuales, sino establecer una veeduría por un plazo de 180 días.

El objetivo es que los inspectores puedan recolectar documentación, examinar la contabilidad y contrastar si las actividades de la Superliga coinciden con sus fines sociales originales.

Entre los puntos clave que ordena investigar la resolución se encuentran:

  • Revisión histórica: Análisis de los estados financieros desde el año 2017 hasta el presente.

  • Flujo de fondos: Auditoría de las decisiones económicas y la relación financiera entre la Superliga y la AFA.

  • Contratos: Verificación de vínculos comerciales con empresas nacionales y del exterior relacionadas a los derechos de transmisión y acuerdos publicitarios.

La continuidad de este proceso de fiscalización dependerá exclusivamente de la decisión política de Mahiques, quien recibe esta herencia administrativa en el inicio de su gestión.

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