La jueza Sandra Arroyo Salgado detalló este martes la puesta en funcionamiento de un avanzado sistema de detección y bloqueo de teléfonos móviles en el ámbito carcelario. 

La iniciativa, coordinada por el Ministerio de Seguridad de la Nación bajo la gestión de la ministra Alejandra Monteoliva, comenzó a operar en el penal de Ezeiza con la capacidad de obtener datos técnicos precisos como el IMSI y el IMEI de cualquier dispositivo activo dentro del perímetro.

Tecnología y control en tiempo real

Durante una entrevista radial, la magistrada explicó que la herramienta permite ubicar georreferencialmente todos los terminales en funcionamiento, lo que facilita la identificación tanto de la cuenta del abonado como del hardware del teléfono. 

"El objetivo es replicar este sistema en todos los penales federales", afirmó Arroyo Salgado, subrayando que el uso de estos dispositivos facilita la planificación de delitos graves desde el encierro.

La jueza advirtió que la presencia de celulares en los pabellones convierte a las prisiones en centros de operaciones para el narcotráfico, extorsiones y estafas virtuales. 

"Se han documentado casos en los que reclusos, mediante celulares, han sometido a víctimas a extorsión, abuso sexual virtual y manipulación psicológica, incluso desde el encierro", señaló para graficar la peligrosidad de la situación actual.

El debate por la legalidad en Buenos Aires

La magistrada también se refirió a la situación en la provincia de Buenos Aires, donde la autorización para el uso de móviles se instauró mediante un Habeas Corpus durante la pandemia. 

Según su visión, esta práctica persiste sin respaldo legal y las autoridades provinciales la mantienen por temor a posibles motines, una postura que calificó como carente de fundamento jurídico.

Al finalizar, Arroyo Salgado fue enfática respecto al impacto social de esta problemática, asegurando que la falta de controles estrictos vulnera la seguridad pública. 

"El uso indiscriminado de celulares convierte a las cárceles en centros de operaciones delictivas, afectando gravemente a la sociedad", aseveró la funcionaria judicial.