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El proyecto para bajar la edad de imputabilidad se debate esta semana: cuáles son los puntos clave

Tras negociaciones con la oposición, la edad se fijará en los 14 años y habrá penas máximas de 15 años de prisión.

El oficialismo convocó para el próximo jueves a la primera sesión de prórroga en la Cámara de Diputados con un objetivo central: debatir la reforma del Régimen Penal Juvenil. Tras intensas negociaciones, el Gobierno de Javier Milei aceptó modificar su pretensión inicial de bajar la edad a los 13 años para arribar a un consenso con sectores de la oposición dialoguista, fijando finalmente el piso de imputabilidad en los 14 años para adolescentes en conflicto con la ley.

Los puntos principales del proyecto incluyen la creación de centros de detención especializados y el establecimiento de penas alternativas o máximas diferenciadas de los adultos.  

El texto establece que el plazo máximo de prisión será de 15 años, una reducción frente a los 20 que proponía el Ejecutivo originalmente.  Y, por lo tanto, la prohibición de reclusión perpetua. 

Uno de los pilares de la reforma es la prohibición total de que los menores convivan con adultos en las unidades penitenciarias. Se contempla la creación de centros de detención especializados donde el foco estará puesto en la resocialización. Estos establecimientos deberán contar con personal capacitado, asistencia sanitaria y garantizar la educación obligatoria para los jóvenes internos.

Para delitos no graves o penas menores a 3 años, se priorizan medidas alternativas como libertad asistida, tareas comunitarias o programas de inserción. 

En aquellos casos en los que el menor haya cometido un delito cuya pena supere los tres años de prisión hasta un máximo de diez, pero no haya implicado la muerte de la víctima o una violencia física o psíquica grave, o se trate de delitos culposos, el tribunal podrá reemplazar la prisión por penas alternativas. Podrán ser tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.  

Si es un menor que no registre antecedentes de procesos penales anteriores también, podrá tener penas alternativas.   

El proyecto incluye el derecho a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social para los menores, así como mediaciones. 

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