El Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, renunció formalmente a su cargo 24 horas después de que el Gobierno impulsara su desplazamiento, disconforme con uno de sus dictámenes.

Barra, ex ministro de Justicia y de la Corte Suprema en épocas de Carlos Menem, aseguró en el texto de su renuncia que fue "un honor" haber participado en el gobierno libertario, de donde lo expulsaron este viernes.

Su salida tuvo motivos formales e informales: lo formal fue el malestar del gobierno porque afirman que no defendió correctamente al Estado en una demanda por una reducción salarial de una empleada. Además de este tema, que fue el detonante, en los pasillos de la Casa Rosada afirman que el alejamiento de Barra se comenzó a gestar con el malestar del gobierno, porque el Procurador pasaba mucho tiempo fuera del país.

Otros motivos de su salida podrían estar ligados a un cambio de estrategia del gobierno en cómo se debe seguir el juicio que existe en Nueva York por la expropiación de YPF durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

En este juicio, la Argentina debería abonar unos 16.000 millones de dólares, cifra impagable y que seguramente será motivo de futuras negociaciones entre Argentina y los acreedores.

Barra, tras ser desvinculado en la práctica el viernes, dio a conocer ayer su renuncia, dirigida al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. "Haga llegar al Sr. Presidente esta presentación a la vez que mis votos por el éxito del Gobierno en esta tan especial etapa en la historia de nuestro país. Igualmente deseo señalar que ha sido para mí una gran experiencia y honor haber colaborado con su gestión", se despidió Barra.

La Procuración del Tesoro, a pesar de lo engañoso que puede ser su nombre, porque puede remitir a una cuestión económica, es el organismo estatal encargado de defender al Estado en múltiples causas y por ello su rol es estratégico.

Barra había llegado al gobierno de la mano del primer jefe de Gabinete de la gestión Milei, Nicolás Posse, quien también fue expulsado en su momento, a pesar de la amistad que mantenía con el Jefe de Estado.

Lo que terminó de rebasar el vaso y colmó la paciencia del gobierno con Barra fue una demanda que había hecho una empleada del ministerio de Justicia, que cobraba parte de sus haberes a través de un convenio con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Como el Gobierno dio de baja el incentivo que recibían estos empleados, se originó una causa judicial en la cual esta trabajadora pedía seguir cobrando el beneficio, y Barra, según el Ejecutivo, no supo defender los intereses del Estado.

El dictamen de la polémica fue firmado por quien era el segundo de Barra y, en la resolución, si bien se respaldaba la decisión del gobierno, se reconocía que el incentivo tenía carácter remunerativo, lo que en la práctica perjudicaba al gobierno en el marco de la reestructuración que lleva adelante entre los empleados públicos.

El Gobierno deberá designar mañana a un reemplazante para el Procurador Barra, y entre los candidatos están Ricardo Rojas, Carlos Laplacette y Santiago Castro Videla.