El Gobierno de Javier Milei finalmente apeló de manera formal el fallo de la Justicia Electoral, la cual rechazó la solicitud de reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) para las Elecciones 2025 en provincia de Buenos Aires, que tendrán lugar el domingo 26 de octubre en todo el país.

Fue ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) donde se llevó a cabo el pedido y, ahora, el tribunal deberá definir si prevalece la integridad operativa del cronograma electoral o el principio de representación efectiva de los candidatos.

 

El principal argumento que se utilizó para poder llevar adelante esta presentación, a la espera de una resolución favorable, es que se buscan “candidaturas verdaderas y no ficticias”.

En este sentido, el escrito presentado sostiene que existen precedentes de jurisprudencia y recursos técnicos que harían viable la reimpresión, incluso con los plazos ajustados. En esta sintonía, desmiente que el operativo logístico resulte imposible si las autoridades gestionan las partidas presupuestarias disponibles.

 

Además, advierte que la falta de actualización lesiona la representación democrática y puede inducir a error a miles de bonaerenses que votarán con boletas que ya no reflejan la situación real de los partidos.

Cómo fue el pedido de reimpresión de boletas únicas

Vale aclarar que este reclamo de La Libertad Avanza (LLA) surgió a raíz de la renuncia y baja de José Luis Espert como cabeza de la lista. Su salida se dio luego de una acusación e investigación por su relación con un empresario investigado por narcotráfico y lavado de activos. 

 

En cuanto a lo sucedido en las boletas, el tribunal bonaerense rechazó el pedido en primera instancia y argumentó que esta reimpresión masiva era “material, temporal y jurídicamente inviable”. El fallo fue firmado por los jueces Jorge Eduardo Di Lorenzo, Hilda Kogan y Alejo Ramos Padilla.

Informes del Ministerio del Interior estimaron que el costo de la eventual reimpresión sería de $ 12.169.655.000, además del gasto, el proceso demoraría no menos de nueve días, generando un riesgo para la correcta celebración de los comicios y el principio de igualdad entre las fuerzas.