El dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni se presentó este martes ante el juez federal, Sebastián Casanello, y el fiscal Gerardo Pollicita, donde negó haber extorsionado a beneficiarios de planes y desviado fondos del Estado. De esta manera, se llevó adelante la última ronda de indagatorias en el marco de la causa que investiga al espacio político.

Sobre las acusaciones de facturas truchas, Eduardo Belliboni aseguró que la AFIP debía controlar a las empresas como Coxtex, y mencionó que el organismo les comunicó que la compañía “era legal”.

En ese marco, también negó el supuesto sistema de multas para quienes se negaban a participar de las marchas contra el Gobierno y remarcó que es falso que no hayan rendido $81 millones de los convenios del Potenciar Trabajo. "Se rindió casi la totalidad y lo que falta rendir está justificado, porque es para pagar sueldos de obras que se están realizando", señaló ante la Justicia, aunque luego no respondió preguntas.

Tras su presentación en Comodoro Py, Belliboni resumió: “Presenté tres carpetas con pruebas, de parte de nuestra defensa, para mostrar que no tuvimos jamás ningún tipo de denuncia de extorsión, y rechazamos con pruebas que haya habido defraudación al Estado”.

“Hablamos sobre las facturas, la AFIP nos dijo en 2002 que Coxtex era una empresa legal, tengo lo que le compramos, en todo caso el problema lo tiene la AFIP, que no controló bien a esa empresa. A los titulares de Coxtex no los conozco, si tenía titulares truchos lo tendría que haber determinado la AFIP, yo no soy la AFIP”, agregó sobre una de las acusaciones mencionadas.

En este sentido, debemos mencionar que el líder del Polo Obrero enfrenta dos escenarios de acusación, porque se lo señala por haber desviado fondos del Potenciar Trabajo hacia una serie de empresas investigadas por hacer facturas truchas, que se enmarcaría en el delito de administración fraudulenta. Pero, también se lo responsabiliza por las extorsiones, aprietes y amenazas a beneficiarios de ese programa social que se realizaron bajo la órbita de su organización.

Como unidad de gestión del Potenciar Trabajo, la Asociación Civil Polo Obrero debía comprar herramientas, vestimenta y elementos de trabajo para los beneficiarios de ese programa. Por eso, la organización de Belliboni recibió entre 2020 y 2023 unos $360 millones, de los cuales $81 millones nunca habrían sido rendidos, según la acusación.

Debemos mencionar que el juez Casanello recibió una respuesta del Ministerio de Capital Humano en el que se detallaba que el Polo Obrero incumplió con la rendición de cuentas de la plata que recibió como unidad de gestión. Y la cartera, que conduce Sandra Pettovello, intimó cinco veces al PO para que entregue la documentación respaldatoria, pero hasta ahora no obtuvo respuesta.