Este lunes, el Gobierno anunció que detendrá los pagos de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado y realizará una auditoria de todas las compensaciones otorgadas y pedidas. Esta decisión fue comunicada tras haber detectado diversas irregularidades en los trámites, según informó el Ministerio de Justicia.

La medida fue dispuesta por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a través de la resolución N RS-2024-40979055-APN-MJ-. “Dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado”, escribió el ministro en el comunicado difundido a través de la red social X.

En el mismo, especificaron que esta decisión fue tomada luego de la detección de “distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”, del beneficio para las personas que fueron sometidas a crímenes de lesa humanidad, que ocurrieron durante el gobierno de facto, entre los años 1976 y 1983, en los que integrantes de las Fuerzas Armadas desaparecieron y torturaron personas. 

De este modo, el Gobierno detalló qué busca con esta revisión integral. “La auditoria va a frenar los pagos y los reconocimientos hasta contar con información 100% veraz que fundamente el reconocimiento de los beneficios”, destacaron.

La Auditoría surge a partir del fallo de procesamiento dictado en la causa “Martinez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita”, y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

En tanto, en lo que respecta a los pagos indebidos que estén en la causa penal, explicaron que buscarán que se realice la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente. “Como la Secretaría de Derechos Humanos es querellante, pedirá la traba de medidas en la causa como inhibición de bienes o embargos”, indicaron.