Mientras se aproxima la fecha fijada por la Justicia para el desalojo de los terrenos ocupados en Guernca, partido de Presidente Perón, que es el próximo jueves 1° de octubre, funcionarios del gobierno bonaerense de Axel Kicillof trabajan contra reloj para relocalizar a la mayor cantidad de familias posibles, en tanto que dirigentes y organismo de Derechos Humanos presentarán un amicus curiae en favor de los ocupantes al juez de Cañiuelas Martín Rizzo, quien dispuso sacarlos por la fuerza si es necesario.

La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, dijo que se busca que los ocupantes "vuelvan a sus municipios en lotes con servicios" y que "hay familias de Guernica, que son las que tienen prioridad en la relocalización", para lo que "se está trabajando con la intendenta" de Presidente Perón, Blanca Cantero.

En el marco del trabajo territorial, el gobierno provincial ya firmó acuerdos con personas que participan de la usurpación, que se comprometieron a a retirarse del lugar. “Se atenderán las emergencias de cada familia y se articulará una política estructural para el problema”, dijeron desde el ministerio de Desarrollo para la Comunidad que conduce Andrés Larroque.

En tanto, García destacó que tanto Larroque, como el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, “han hecho un enorme trabajo en la toma de Guernica". Remarcó además que "no pasó que hubo una sentencia de desalojo y el Estado se corrió, todo lo contrario”.

Situaciones de violencia

Durante el último fin de semana hubo escenas de enfrentamientos e incidentes en la toma. Inclusive "varios funcionarios sufrieron agresiones en Guernica pero igual siguieron trabajando", señaló la ministra de Gobierno, quien reiteró que "queremos que no haya ninguna familia en Guernica que quede sin solución".

Larroque sostuvo que el último domingo ”teníamos planteada una intervención para las personas que están en la toma con agua, alcohol en gel, agua, alimentos, frazadas y barbijos” y habló de “una suerte de piquete de organizaciones” para impedir el ingreso de los funcionarios y la asistencia.

Hay agrupaciones de izquierda que respaldan la ocupación y reclaman como salida la cesión de porcentajes de terrenos donde están en marcha  grandes proyectos inmobiliarios. Se amparan en que, de acuerdo con una ley provincial, corresponde destinar para fines sociales un diez por ciento de los espacios previstos en cada emprendimiento de magnitud. En el caso de los ocupantes respaldados por esas organizaciones, no hay voluntad de acordar con otras propuestas del gobierni bonaerense.

Apoyo al reclamo de vivienda

Por otro lado, un total 22 organismos de Derechos Humanos, con la adhesión de diputados, referentes y organizaciones sindicales, políticas y sociales de todo el país, presentarán un amicus curiae al juez Rizzo. El objetivo del amicus es apoyar el reclamo de las familias que ocupan terrenos en Guernica. El escrito señala un “expreso rechazo a la disposición de lanzamiento que tuviera lugar en autos, actualmente previsto a partir del 1º de octubre” y reclama “que deben abrirse instancias de diálogo desde sectores de la administración para encontrar una solución”, como por ejemplo un proyecto de urbanización que proponen los abogados defensores de las familias ocupantes.

Cabe recordar que el 8 de septiembre último, la Justicia penal de La Plata ordenó el desalojo de las tierras, ocupadas en julio pasado. La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal, que ratificó el fallo del juez de Garantías Rizzo, quien posteriormente postergó la desocupación de los terrenos hasta el 1° de octubre próximo.

Según la resolución judicial, "se podrá otorgar la facultad al agente fiscal de recurrir al auxilio de la fuerza pública", que deberá realizar el procedimiento "con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes" y recurrir "al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible".