El gobierno de Rodrigo Paz Pereira deportó a legisladores argentinos y referentes de organismos de Derechos Humanos que integraban una Misión Humanitaria orientada a fiscalizar presuntas violaciones a los derechos fundamentales en Bolivia. 

La comitiva arribó este lunes por la madrugada al aeropuerto de El Alto, donde las autoridades locales les retuvieron la documentación y los obligaron a abordar un avión hacia la ciudad de Santa Cruz para concretar su regreso a la Argentina.

Retención y denuncias de la delegación

La comitiva estuvo integrada por el diputado nacional de Fuerza Patria, Juan Marino; la legisladora porteña del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Vanina Biassi; la secretaria general del gremio docente Ademys, Soledad Mosquera; María José Cano, de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma; y Alejandrina Barry, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, entre otros referentes.

Tras la intervención policial, Biassi sostuvo que estuvieron "secuestrados con represión policial" y afirmó que lo que ocurre en ese país es "una verdadera dictadura militar". 

A su vez, la legisladora agregó: "Dijimos claramente lo que veníamos a hacer y denunciamos al Presidente porque quiere instalar el Estado de sitio".

Por su parte, Barry confirmó que "no los dejaban bajar del avión" y que el trato recibido "fue igual al de un secuestro", añadiendo que las autoridades intentaron "hacerles firmar un documento" con "causas truchas" sobre los motivos del viaje.

Reclamos políticos y comunicado oficial

Ante la situación, el jefe de bloque de Diputados de Fuerza Patria, Germán Martínez, exigió que Marino pudiera realizar las tareas para las que fue invitado por la Asamblea Plurinacional de Bolivia y exhortó a las autoridades consulares argentinas a garantizar la libertad e integridad física del legislador.

A través de un comunicado oficial, la Misión Humanitaria señaló que la delegación fue convocada por legisladores, organizaciones sociales y la población civil boliviana para relevar la represión estatal. 

"La expulsión de la misión constituye una decisión política violatoria de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y de los Tratados de Derechos Humanos", expresaron, advirtiendo además que la medida "atentó contra los fueros diplomáticos" de Marino y Biassi.

El documento emitido por la organización concluyó alertando sobre el panorama local: "La represión estatal y paraestatal que impulsa el gobierno boliviano ya contabiliza una decena de asesinatos, además se denuncian centenares de presos políticos con padecimientos de torturas en los lugares de detención; ausencia de asistencia médica a los heridos; secuestros de dirigentes sindicales, campesinos y pueblos originarios; agresiones a la prensa durante las protestas; estigmatización de los manifestantes; actos de discriminación y racismo. Llamamos a las organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sindicales a estar alertas ante la situación por la que está pasando la Misión Humanitaria".