En una medida que busca reestructurar el sistema de control de armamento en el país, el Gobierno nacional anunció este lunes profundas modificaciones en la normativa del Registro Nacional de Armas (Renar).

Los cambios, detallados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, alcanzan desde los requisitos para usuarios civiles hasta el equipamiento técnico de las fuerzas federales.

Uno de los puntos centrales de la resolución del Ministerio de Seguridad radica en la eliminación de la obligatoriedad de documentar una amenaza real y vigente para tramitar la portación.

Según el funcionario, el sistema anterior obligaba a que el riesgo "se materializara" antes de que el Estado otorgara protección. La vigencia de la portación podrá otorgarse por un máximo de cinco años, sujeta a evaluación.

Trazabilidad y "Trámite Exprés" para herederos 

En tanto, se flexibilizarán los trámites para sectores considerados expuestos, como magistrados, fiscales y empresarios.

En cuanto a los requisitos técnicos, se mantiene la exigencia de certificados médicos psicofísicos y constancias de idoneidad en el manejo, avaladas por instructores habilitados.

Por otra parte, para combatir el mercado negro de armas derivado de personas fallecidas, el Ejecutivo implementará un mecanismo simplificado.

A partir de ahora, los familiares directos podrán regularizar la tenencia a su nombre acreditando el vínculo, sin necesidad de aguardar la finalización de la declaratoria de herederos, lo que apunta a cerrar un "vacío legal" histórico en la circulación de armas sin registro.

Cabe destacar que la reciente resolución introduce un cambio táctico significativo para las fuerzas federales: la habilitación del uso de munición de punta hueca.

Aunque Adorni destacó que este proyectil tiene "mayor poder de detención y menor sobrepenetración" -evitando que la bala atraviese el objetivo y alcance a terceros-, la medida genera debate en el marco de los derechos humanos.

La decisión se conoce tras un informe de la Correpi, que reveló que en 2025 se registraron 148 casos de gatillo fácil en el país, marcando una de las cifras más altas desde que se tiene registro.

Equipamiento para civiles y polígonos

Finalmente, la normativa amplía el catálogo de elementos permitidos para la seguridad doméstica y el ámbito deportivo.

En domicilios, se autoriza la tenencia de cascos y placas balísticas; mientras que en polígonos habilitados, se permitirá la adquisición y uso de dispositivos tecnológicos avanzados, como supresores de sonido, visores nocturnos y sistemas de puntería infrarroja.

El Gobierno justificó la adopción de estas medidas señalando que el uso de este tipo de munición y tecnología es "habitual" en países como Estados Unidos, Francia y Alemania, aunque no se brindaron mayores detalles sobre los protocolos de entrenamiento que acompañarán esta transición.