A través de un comunicado de seis párrafos, el Gobierno Nacional confirmó este viernes que Sebastián Amerio asumió la conducción de la Procuración del Tesoro de la Nación.

El funcionario llega al cargo tras desempeñarse como secretario de Justicia, lugar desde donde lideró una serie de transformaciones en el sistema judicial.

Desde el cuerpo de abogados del Estado justificaron el nombramiento al señalar que "la decisión reconoce el trabajo realizado por Amerio al frente de la Secretaría de Justicia, desde donde impulsó una agenda de reformas estructurales orientadas a modernizar el sistema judicial y fortalecer la respuesta del Estado frente al delito".

Bajo su gestión previa, el organismo destacó hitos como la aplicación del sistema acusatorio en el 65% del país en dos años, la actualización del registro automotor y la promoción de normas como Juicio en Ausencia, Reiterancia y Reincidencia, además de la baja de la edad de imputabilidad a 14 años en el Régimen Penal Juvenil.

Nueva estructura y cambios de mando

Amerio, quien evitó realizar declaraciones públicas sobre su nuevo rol, encabezará una estructura ampliada que contará con tres subprocuraciones. En este nuevo esquema, el procurador saliente, Santiago Castro Videla, permanecerá dentro del organismo.

"En la nueva estructura, Castro Videla integrará una nueva Sub Procuración que se suma a las ya existentes en su equipo lideradas por Julio Pablo Comadira y Juan Ignacio Stampalija", detalló la Procuración para explicar cómo se repartirán las tareas de control legal.

Aclaración sobre la dependencia jerárquica

Durante el anuncio ocurrió un cruce de versiones respecto a la ubicación del área en el organigrama estatal. 

Si bien inicialmente la Procuración indicó que pasaría a orbitar bajo la Secretaría Legal y Técnica, fuentes del oficialismo desmintieron esa posibilidad poco después. 

Desde el entorno libertario calificaron la información inicial como un "error de redacción", ratificando así la continuidad de Amerio en la función pública bajo el esquema administrativo vigente.