El Gobierno reglamentó el "silencio positivo": ¿De qué se trata y por qué lo cuestiona la oposición?
La medida, relacionada con los trámites ante el Estado, fue formalizada mediante la Decisión Administrativa 836/2024, publicada en el Boletín Oficial. Lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la canciller Diana Mondino.
El Gobierno reglamentó este lunes el “silencio positivo”, un mecanismo con el que busca eficientizar los tiempos de los trámites realizados ante dependencias del Estado.
La medida fue formalizada mediante la Decisión Administrativa 836/2024, publicada en el Boletín Oficial, con las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la canciller Diana Mondino.
Esta norma, incluida en la Ley Bases, establece que, ante la demora de respuesta del Estado ante un procedimiento administrativo, éste será tomado por aprobado.
Según se precisó en el texto publicado en el Boletín Oficial, "a partir del 1º de noviembre de 2024, las reparticiones de la Administración Pública Central, incluidos los organismos desconcentrados, deberán implementar el silencio con sentido positivo en el marco de procedimientos administrativos en los cuales tramite el otorgamiento de una autorización administrativa, a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) o de la que la repartición correspondiente utilice a tales efectos".
El oficialismo había expuesto en el debate en el Congreso que con esta norma se iba a incentivar la inversión y el desarrollo del sector privado, ante los cuestionamientos por parte de la oposición que sostenía que iba a transformarse en un beneficio para las empresas que opten por litigar contra el Estado.
En ese contexto, la senadora Juliana Di Tullio advirtió en el Parlamento que habilitaba a privados a quedarse con tierras estatales si pedían permiso para realizar en esos predios un emprendimiento y no obtenían respuesta en 60 días.
"Por ejemplo, pido permiso para hacer un emprendimiento privado en tierras del (Tren) Sarmiento, que tiene el dominio de la titularidad la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). No me contestan en 60 días, ¿por lo tanto la respuesta es positiva, según este artículo?", preguntó Di Tullio, de Unión por la Patria, al abogado Carlos Nielsen Enemark.
El letrado, quien había ido disertar sobre la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo, respondió: “Sí, en los términos del artículo, sí".
