El Gobierno nacional anunció este lunes por decreto una modificación integral del Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 2025, para responder a la persistente emergencia económica y social que atraviesa el país. La medida establece una reestructuración integral del Presupuesto y habilita una serie de cambios profundos en el esquema financiero del Estado.

La decisión quedó formalizada esta madrugada en el Boletín Oficial mediante el decreto 849/2025, que introduce incrementos destinados a ministerios y organismos que requieren financiamiento operativo, programas sociales, áreas de salud y educación, sistemas de seguridad social, empresas y entes públicos afectados por reestructuraciones recientes.

En el texto oficial, se destaca que esta medida busca reordenar las cuentas públicas, garantizar recursos para funciones esenciales y avanzar en una reconfiguración del aparato estatal y del manejo de fondos estratégicos, como el FONDESGAS. Además, se inscribe en un marco de emergencia económica y de fuerte necesidad de asegurar liquidez para afrontar compromisos previsionales, sociales y operativos.

En esa línea, uno de los puntos más relevantes del DNU es la asignación de $406.557 millones destinados al pago de deudas previsionales reconocidas judicialmente. Este monto cubrirá retroactivos derivados de ajustes en haberes de: Retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas, a través del Instituto de Ayuda Financiera (IAF) y Jubilados y retirados de la Policía Federal, mediante la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la PFA. En la disposición, se dispuso que se pretende cancelar sentencias firmes y evitar la acumulación de intereses. La distribución prevista será $53.808 millones para IAF y $352.748 millones para Caja PFA.

El decreto también modifica el detalle de los cargos de la administración pública, formalizando: transferencias de personal entre ministerios, reubicaciones de agentes y adecuaciones derivadas de cambios estructurales previos. 

Por su parte, otras de las medidas de mayor impacto institucional es la autorización al Ministerio de Economía para modificar, transformar, disolver o liquidar el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (FONDESGAS), un fideicomiso que históricamente financió obras de transporte de gas, incluyendo expansiones de gasoductos estratégicos.

En ese sentido, la cartera liderada por el ministro Luis Caputo instruyó a Energía Argentina (ENARSA) a colaborar en la transición y habilita al Gobierno a realizar cualquier adecuación contractual necesaria. Asimismo, la medida abre la puerta a un cambio profundo en el esquema de inversión gasífera, en un contexto de ajuste fiscal y reordenamiento de fondos públicos.

En tanto, el refuerzo presupuestario alcanza a un neto de $2,81 billones para áreas sensibles como la salud pública. Además, se incrementan los fondos para la Agencia Nacional de Discapacidad, destinados al pago de pensiones no contributivas y subsidios extraordinarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibirá partidas adicionales para el pago de prestaciones previsionales, la aplicación de la Ley de Movilidad Previsional, asignaciones familiares, seguro de desempleo y el Programa 1.000 Días de nutrición infantil. Esta medida refuerza las transferencias al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) y a la prestación mensual de oncopediatría para familias con niños en tratamiento.

En paralelo, se dispuso que el Ministerio de Capital Humano recibirá un refuerzo económico que estará dirigido para la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con el fin de fortalecer la Prestación Alimentar, y para la Secretaría de Educación, que destinará recursos a la política salarial universitaria, la adquisición de computadoras, becas del Programa Progresar, comedores escolares y la universalización de la jornada extendida. Asimismo, el Ministerio de Seguridad Nacional recibe partidas para la atención de desastres y emergencias socio-naturales, la lucha contra el narcotráfico, la formación y capacitación, y la articulación federal de la seguridad.

Esta medida será financiada con ingresos impositivos, no impositivos, aportes y contribuciones a la seguridad social, rentas de la propiedad, transferencias corrientes y de capital, y diversas fuentes financieras, incluyendo la obtención de préstamos de organismos internacionales y la disminución de activos financieros,

Por último, el DNU establece que todos los organismos que hayan cambiado de naturaleza jurídica durante 2025 seguirán financiándose con sus partidas originales hasta que finalicen las adecuaciones presupuestarias correspondientes. Esto aplica especialmente a entidades que fueron descentralizadas, fusionadas o reconvertidas.