El juez Casanello rechazó el pedido de Patricia Bullrich para ser querellante en la causa por extorsiones de piqueteros
El juez falló en contra de la ministra de Seguridad, quien pretendía ser parte del caso, tras las denuncias recibidas en la línea 134.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se ofreció como querellante en la causa que investiga extorsiones de los dirigentes piqueteros a los beneficiarios de los planes sociales. Sin embargo, en las últimas horas recibió un revés judicial.
El juez federal Sebastián Casanello falló en contra de la funcionaria del gobierno de Javier Milei, y rechazó su pedido para formar parte del caso.
Como argumento, el magistrado consideró que el Ministerio, como auxiliar del fiscal, ocupa en la investigación “un lugar sumamente importante pero incompatible con el rol de litigante pretendido”. Y afirmó: “No es parte. Es, por ley y diseño institucional, el brazo ejecutor de las órdenes de los jueces y fiscales”.
La intención de Bullrich era desempeñarse como querellante en la causa que investiga extorsiones por parte de dirigentes sociales a personas que cobran asignaciones y planes sociales.
La modalidad de los acusados consistiría en ofrecer subsidios a cambio de concurrir a marchas y movilizaciones, obligándolos a asistir a estas últimas, como la del 22 de diciembre de 2023, bajo la advertencia expresa de “dar de baja al Plan Potenciar” o de cobrarles una suma de dinero fija o mensual como “castigo” por no asistir, entre otras situaciones similares.
Según informó días atrás la cartera de Seguridad, las denuncias fueron recibidas a través de la Línea 134 habilitada para recibir acusaciones. Muchos lo hicieron de manera anónima, mientras que otros se identificaron, y manifestaron que los amenazaban con perder las asignaciones y planes.
Tanto Casanello, cómo el fiscal Gerardo Pollicita, que están a cargo de la investigación, obtuvieron informes y expedientes administrativos provenientes de compañías telefónicas, del Ministerio de Capital Humano de la Nación, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y de la AFIP.
Además, cuentan con las capturas los chats, incorporados en la causa como prueba, donde se muestran las presuntas amenazas y extorsiones. Todo ellos fue usado de base para ordenar los 27 allanamientos informados este lunes.
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