El juez federal Ariel Lijo desestimó este miércoles la causa impulsada por Casa Militar contra los periodistas de TN Luciana Geuna e Ignacio Salerno, acusados de realizar una grabación subrepticia dentro de Casa Rosada que fue difundida en el programa ¿Y mañana qué?. El magistrado ordenó archivar el expediente por inexistencia de delito, en un fallo que coincide con el dictamen previo del fiscal Gerardo Pollicita.

La resolución cierra judicialmente un episodio que tuvo consecuencias inéditas para el periodismo argentino: como resultado de la denuncia, el Gobierno retiró las acreditaciones a los cronistas que trabajaban en la sede del Poder Ejecutivo y cerró la Sala de Periodistas durante diez días.

Qué dijo el juez Lijo

En su fallo, Lijo afirmó que las grabaciones "no generaron condiciones aptas para revelar secretos concernientes a la seguridad nacional o del normal funcionamiento de la Casa de Gobierno", ni tampoco evidenció "la existencia de información clasificada que haya sido efectivamente descubierta y publicada sin autorización".

Por ese motivo, concluyó que "los hechos investigados se encuentran fuera de la órbita del derecho penal" y ordenó archivar la causa.

El material grabado era de acceso público

Tanto Lijo como el fiscal Pollicita coincidieron en que los registros emitidos por TN mostraban espacios y contenidos "ya conocidos por el público en general a través de múltiples fuentes de acceso libre": la propia página oficial de la Presidencia de la Nación, plataformas audiovisuales abiertas y herramientas de geolocalización digital.

El juez también señaló que en las imágenes "no se observan sistemas de seguridad o vigilancia, actividades del personal de custodia o imágenes de áreas reservadas ni de despachos privados". El fiscal, por su parte, describió que el material mostraba principalmente "pasillos y espacios vacíos" con la presencia ocasional de personas circulando.

Qué decía la denuncia original

La causa había sido iniciada por el jefe de Casa Militar, Sebastián Ignacio Ibáñez, quien acusó a los periodistas de ingresar a Casa Rosada con "lentes inteligentes" para recorrer "pasillos y despachos" e identificar "con voz tenue" a las personalidades presentes. Ibáñez argumentó que exponer los "detalles estructurales y logísticos" de la sede del Ejecutivo podía "vulnerar la seguridad del país" y vinculó el episodio con el "contexto de tensión internacional" entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El dictamen de Pollicita concluyó que, si bien pudo existir una infracción administrativa, el material "no reviste la entidad requerida" para configurar delitos vinculados con la revelación de secretos políticos o militares contemplados en el Código Penal.

El cierre de la Sala de Periodistas y la reacción de Milei

La medida del Gobierno generó un rechazo transversal: desde la Iglesia Católica hasta organizaciones de libertad de prensa, pasando por la oposición y bloques dialoguistas, exigieron reabrir la sala. Diez días después, el Poder Ejecutivo cedió y restableció el acceso y las acreditaciones.

En el pico de la controversia, el presidente Javier Milei había tildado a Geuna y Salerno de "basuras repugnantes" a través de sus redes sociales y acusó al 95% de los periodistas del país de beneficiarse con la pauta oficial.

El fallo de Lijo deja sin sustento penal la postura oficial y consolida la posición de los periodistas, quienes siempre negaron haber cometido irregularidad alguna.