El Procurador General le pidió a la Corte Suprema que suspenda la aplicación de lo decidido en el fallo "Levinas"
Eduardo Casal expresó que el Ministerio Público Fiscal se vería impedido de cumplir con sus funciones legales y constitucionales en los procesos que tramitan ante el fuero nacional, en detrimento de los intereses por los que tiene que velar.
El procurador general, Eduardo Casal, emitió un oficio en el que le solicitó a la Corte Suprema la suspensión de la aplicación de lo decidido en el denominado "fallo Levinas", en el que se dispuso la revisión por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires de las decisiones de las Cámaras Nacionales.
La sentencia establece que las causas de jurisdicción nacional pueden ser apeladas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El fallo, conocido como “Levinas”, implica que, tras la intervención de una Cámara Nacional en causas laborales, civiles o comerciales, es posible una apelación ante la Corte de la ciudad antes de llegar a la Corte Suprema nacional. La decisión, adoptada por mayoría, refuerza el traspaso de competencias de la justicia nacional a la porteña.
Casal consideró que la aplicación de ese criterio dejará al Ministerio Público Fiscal, que él conduce, "en una situación en la que se podrá ver impedido de cumplir con sus funciones legales y constitucionales en los procesos que tramitan ante la justicia nacional con competencia sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con menoscabo para los intereses por los que debe velar".
La nota de Casal, dirigida al Presidente la Corte, Horacio Rosatti, coincide con una versión publicada en las últimas horas que sostiene que hay una "rebelión" de jueces nacionales contra el fallo de la Corte firmado por una mayoría conformada por el propio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda -hoy ya fuera del tribunal por su jubilación-, con la posición en disidencia de Carlos Rosenkrantz.
Cabe destacar que la resolución despertó inquietud en el ámbito de la justicia nacional, donde se la considera inconstitucional. Se anticipa que, además de la presentación de Casal, se realicen otras impugnaciones ante la Corte Suprema.
