El Senado nacional convirtió en ley la reforma de integración socio-urbana de Barrios Populares, que consta en la modificación de la extensión del plazo por 10 años para establecer una orden de desalojo de los terrenos ocupados.

La norma rectifica la sanción de la suspensión de todos los desalojos, dictaminada en 2018 y establecida en la Ley 27.453. En dicho estatuto se enmarca la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios y que se evita el desalojo "como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda, y agilizar los procesos administrativos".

“Suspéndase por el plazo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), tanto los sujetos a expropiación, como aquellos de propiedad del Estado nacional”, decía el viejo artículo del 2018.

De esta manera, se modificó el plazo y ahora el límite pasará a ser 10 años, con el objetivo de "promover el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el ReNaBaP".

El proyecto recibió el respaldo con 64 votos a favor por parte de los bloques oficialistas y opositores, aunque la iniciativa no contó con el único sufragio por parte de la senadora nacional del PRO por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero. "Tenemos dos Argentinas, ¿queremos dos Argentinas? Una de la economía formal, otra de economía informal (…) Una del hábitat formal y otra del hábitat informal. Yo quiero que sea una sola y que sea formal", sentenció

El proyecto recibió de cerca la atención de la flamante ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, quien deberá atender de cerca las cuestiones sociales vinculadas a las mejoras habitacionales y garantizar la inclusión a las personas de clase baja, entre otras tareas.

Otros de los beneficios incluirá el 75 % de los fondos del fideicomiso para utilizarse en proyectos vinculados al acceso a la urbanización e integración socio urbana de los asentamientos y Barrios Populares, como así para el desarrollo de infraestructuras y producción de nuevo suelo urbano y/o regularización dominial.

Asimismo, se establece que los habitantes de los barrios populares que integran el ReNaBaP tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin sufrir ningún tipo de discriminación.

¿Qué dijeron los legisladores en el debate por la Ley Nacional de Barrios Populares?

Uno de los que alzó la voz celebrando el proyecto aprobado, fue el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado, Guillermo Snopek, ratificando que la decisión le dará "tranquilidad a los argentinos cuyo futuro pende de una orden de desalojo”, y que se bajará la tensión por "la incertidumbre a quienes se encuentran en esa situación”.

Por el lado del bloque opositor de Juntos por el Cambio, la senadora de CABA, Guadalupe Tagliaferri, defendió la política de estado implementada por el macrismo con la intención de reflejar datos establecidos y "hacerlo con la verdad y dejar de ocultar a cinco millones de pobres vulnerables con su hábitat domiciliario bajo la alfombra”.

Desde el radicalismo, bajo la representación del jefe del bloque de la bancada, Luis Naidenoff, sostuvo que en el país conviven unos “cinco millones de argentinos en vulnerabilidad extrema”, reflejando una realidad delicada y de lo alejado de alcanzar "un piso mínimo de dignidad” con la implementación de la medida. Por este motivo, el legislador pidió "no naturalizar" la problemática, y a medida que continúe por ese camino, "el lugar de nacimiento condiciona la potencialidad de las personas”