En el marco de las elecciones legislativas 2025, que se llevarán a cabo este domingo 26 de octubre, los ciudadanos deberán elegir nuevos representantes para el Congreso Nacional, renovando 127 bancas de Diputados y 24 del Senado. Sin embargo, hay quienes decidirán no concurrir a las urnas.

Como en cada elección en la Argentina, el voto es obligatorio para todos los mayores de 18 y menores de 70 años, salvo excepciones específicas, aunque muchos desconocen qué ocurre si no se cumple con ese deber cívico o cuáles son las consecuencias legales de no presentarse a votar.

El Código Electoral Nacional (Ley 19.945) regula las obligaciones y sanciones vinculadas al acto electoral. En su artículo 125, la norma dispone que “se impondrá una multa de entre $50 y $500 al elector que deje de emitir su voto y no justifique su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral (JNE) dentro de los 60 días posteriores a la elección”. Pero hay otras sanciones.

La legislación también ordena la creación del Registro de Infractores al deber de votar, un listado oficial que incluye a todos los ciudadanos que no votaron ni presentaron una justificación válida. Quienes figuren en ese registro podrán enfrentar sanciones administrativas y no solo económicas.

Millones de argentinos participarán de los comicios este domingo.  

Cabe destacar que en los últimos años, algunos distritos del país implementaron sistemas de “unidades fijas” para actualizar el valor de las multas según determinados parámetros. En consecuencia, las penalizaciones pueden variar entre jurisdicciones y, en ciertos casos, superar los montos originales previstos por la ley.

Más allá de la multa, la ley establece restricciones adicionales para quienes no cumplan con la obligación de votar. Los ciudadanos que no emitan su voto ni lo justifiquen quedarán inhabilitados para realizar trámites ante organismos nacionales, provinciales o municipales durante un año.