Una abogada laboralista asociada a la CTA de Ricardo Peidro, estaría en la mira por presuntos desmanejos e irregularidades en la Asociación de Personal Directivo de Ferrocarriles de Argentina (APDFA), que agrupa a personal jerárquico de ferrocarriles y puertos. Según trascendió, se la acusada por “la falta de transparencia en el manejo de fondos del gremio y de la elección nacional de esa entidad sindical”.

APDFA encarará una elección nacional el 2 de marzo próximo y por primera vez habrá internas en el gremio entre el oficialismo, representado por la Lista Gris que encabeza el actual Secretario General, Adrián Silva, y los retadores de la Lista Verde y Blanca, que llevan a Leonardo Salom -actual dos del gremio- encabezando la boleta.

De acuerdo a lo que publicó el sitio Notitrans con información a la que accedió a través de un estricto off, diversos dirigentes apuntaron contra Verónica Quinteros, la representante legal de la lista oficialista por su “absoluta desidia ante las normas financieras del sindicato e imparcialidad en el proceso electoral”. 

Según consignó ese medio, los críticos, tanto del propio oficialismo como opositores, hacen foco sobre la fuerte ascendencia que la voz de la abogada, cercana a los partidos de la izquierda, tiene sobre Silva y la forma en la que se pagan sus honorarios.

Quienes conocen los números del gremio señalaron, de acuerdo a lo publicado en esa misma página web, que los costos y erogaciones en torno al asesoramiento legal de la letrada rondarían los 17 millones de pesos. A lo que fuentes gremiales que prefieren el anonimato agregaron que “el gasto más grande del gremio es en el pago por honorarios, comisiones, litigios y asesoramientos legales”. 

En los últimos tiempos, APDFA fue noticia por algunos hechos de violencia, como cuando se impidió el ingreso al gremio de los dirigentes de la lista opositora, y por la decisión del Ministerio de Trabajo Nacional de ordenarle la suspensión de un Congreso Ordinario y otras irregularidades en el proceso electoral que se estaban sucediendo.

En todas esas situaciones, la cara, la voz y la pluma oficialista fue de la abogada del gremio, a quien se la acusa de aprovechar su trabajo en APDFA para crear una red de abogados “contra la persecución gremial”, dedicada a los panfletos contra dirigentes peronistas y de otras gestiones de gobierno.

La explicación sobre el millonario honorario de la abogada podría entenderse al analizar otro dato: la letrada estaría por ser denunciada en el colegio de abogados de la Capital Federal por falta al código de ética profesional.

En Notitrans también se consingó que desde la oposición aseguraron en off que, “si bien sus honorarios son costeados por todos los afiliados, lleva adelante diversas denuncias y envía cartas documento contra los afiliados identificados con la lista opositora exclusivamente”.