La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó un planteo de nulidad que buscaba invalidar como prueba un pedido de listado de ingresos y egresos a la Quinta de Olivos y La Rosada, ordenada por la fiscalía en la causa que investiga la llamada "mesa judicial" durante el gobierno de Mauricio Macri.

La magistrada desestimó así un pedido de la defensa de uno de los investigados, el exsecretario Legal y Técnica del gobierno macrista Pablo Clusellas.

Capuchetti respaldó esa medida ordenada por el fiscal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación y remarcó que se trata "de información pública", por lo cual "difícilmente pueda considerar ilícita la incorporación como prueba".

La decisión podrá ser apelada ante la Cámara Federal porteña. En la misma resolución, la jueza instó al fiscal a "que establezca un marco temporal más acotado sobre cada una de las maniobras que componen el objeto procesal de la presente causa".

El objetivo sería que "tanto las diligencias que sean ordenadas directamente por el Ministerio Público Fiscal -en uso de sus facultades constitucionales- como las jurisdiccionales que sean puestas en mí consideración se orienten a establecer lo ocurrido en esos momentos específicos previamente delimitados por quien tiene a cargo la investigación ", descrito.

Picardi pidió a la Jefatura de Gabinete los listados de ingresos y egresos de personas a la Quinta Presidencia de Olivos ya la Casa Rosada entre el 10 de diciembre de 2015 y el 10 de diciembre de 2019, informó Telam.

"En el caso que nos atañe, los listados que el fiscal pretende conseguir se tratan de documentos que, además de clasificarse legalmente como 'información pública', fueron expresamente creados con la finalidad de sanear las instituciones a través de mecanismos que incrementen la transparencia de los actos de gobierno", argumentó la jueza al rechazar el planteo de Clusellas, al que adherido las defensas de los investigados exministros Germán Garavano y Jorge Triaca.

La jueza agregó que "por imperio legal, rigen sobre ellos los principios de presunción de publicidad, transparencia, máxima divulgación, acceso y buena fe, entre otros".

"Esto es así, al punto que al menos uno de los dos listados -específicamente el que se encuentra relacionado con los ingresos y egresos de la Casa de Gobierno- se encuentran disponibles en Internet en la página de una ONG que, a través de los mecanismos preestablecidos, solicitó y accedió a esa documentación ", recordó.

Por ello "difícilmente pueda considerarse ilícita la incorporación como prueba de información pública respecto de la cual, precisamente por tener tal carácter, cualquier ciudadano puede acceder".

Picardi busca establecer si "existieron reuniones en sedes de Gobierno, entre funcionarios públicos y personas físicas alegadas, en las que se habrían gestado diseños de presiones o inyecciones indebidas ejercidas contra determinados magistrados y magistradas".