La CGT manifestó este martes su rechazo al cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el organismo encargado de la planificación, el mantenimiento y la ejecución de la red de rutas en la Argentina. A través de un comunicado, cuestionó la medida oficializada junto con la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.

"Estas intempestivas e improvisadas medidas dejan en vilo a miles de trabajadores, cuyas funciones y tareas en cada una de las rutas de la Argentina son fundamentales para la prevención de accidentes automovilísticos, una de las principales causas de muerte de nuestro país", sostuvo el consejo directivo nacional de la central obrera.

Para la CGT, esta decisión del gobierno nacional "no hace más que transformar a las rutas argentinas en un espacio donde, más temprano que tarde, el abandono derivará en más accidentes y peligro para las millones de personas que las transitan día a día".

"Una vez más, el Poder Ejecutivo, en lugar de poner sus esfuerzos en mejorar la vida de las y los argentinos, lleva adelante acciones cuyo único objetivo es generar incertidumbre sobre miles de puestos de trabajo y desidia respecto de nuestras rutas", destacó el comunicado.

En el decreto, el gobierno nacional decidió eliminar el organismo estatal responsable del diseño, construcción, conservación y planificación de rutas nacionales. Sus funciones se distribuirán entre la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y dos unidades organizativas dentro del Ministerio de Economía; una en la órbita de la Secretaría de Transporte y otra en la Secretaría de Obras Públicas.

Al igual que la CGT, el Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) rechazó la disposición del Ejecutivo. “Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”, denunció la secretaria general del gremio, Graciela Aleñá.

La dirigente advirtió que, con esta medida, “más de 5500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 40.000 kilómetros sin mantenimiento ni cobertura”. "Son personas malignas, sin escrúpulos y con un desconocimiento técnico enorme”, sentenció Aleñá, quien acusó al presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger de ser "los responsables del genocidio en las rutas".