La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que se profundice la investigación en una causa por lavado de dinero vinculada al jefe de Gobierno porteño, a partir de la compra de un departamento en Miami en 2011. El máximo tribunal hizo lugar a un planteo del fiscal Mario Villar, dejó sin efecto el cierre del expediente y ordenó a la Cámara Federal de Casación Penal dictar un nuevo pronunciamiento que analice los planteos de la fiscalía.

La decisión fue firmada por los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Pablo Candisano Mera y Abel Sánchez Torres. En disidencia, el juez Carlos Rosenkrantz se pronunció por declarar inadmisible el recurso y mantener el cierre del caso.

Según el voto mayoritario, la sentencia de Casación que había confirmado el sobreseimiento no trató de manera suficiente los argumentos de la fiscalía sobre la necesidad de producir medidas de prueba pendientes.

El origen de la causa

El expediente se inició en 2016 a partir de una denuncia impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos tras la difusión de los Panamá Papers. La investigación se centra en la adquisición de un inmueble en Miami por unos 402.963 dólares en abril de 2011, realizada a través de la sociedad "Icon Unit 1704", constituida un mes antes por Macri y su entonces esposa con un capital inicial de 10.000 dólares.

De acuerdo con la información presentada ante la ex AFIP, la operación se financió con dos préstamos: uno otorgado por un banco estadounidense y otro por la firma uruguaya Fawsley S.A., crédito que posteriormente habría sido transferido a una empresa radicada en Panamá vinculada a una familiar del funcionario.

El recorrido judicial

La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado dictó el sobreseimiento de Macri y otros imputados, decisión que fue confirmada en 2019 por la Cámara Federal de San Martín. La fiscalía apeló al considerar que el cierre era prematuro, pero la Cámara de Casación declaró inadmisible el recurso, lo que derivó en la intervención de la Corte.

En su presentación, el Ministerio Público sostuvo que la evidencia reunida no resultaba suficiente para descartar la hipótesis investigada y planteó la necesidad de profundizar medidas de prueba. También señaló que la operación había generado un reporte de operación sospechosa y la intervención de organismos de control.

Los puntos que deberán volver a analizarse

De acuerdo con el expediente, entre los aspectos mencionados por la fiscalía se encuentran las condiciones del préstamo otorgado por la empresa extranjera, la inexistencia de intereses, la falta de antecedentes en operaciones similares, la venta del inmueble al año siguiente de su adquisición y la posterior cesión del crédito a otra sociedad vinculada a una familiar del funcionario.

La Corte aclaró expresamente que no emite juicio sobre la cuestión de fondo y que su decisión se limita a considerar que algunos planteos no fueron analizados por la instancia anterior. En ese marco, dispuso que la Cámara de Casación dicte un nuevo fallo conforme a lo señalado en la resolución.