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La Justicia aprobó el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich para presos de alto riesgo

la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la plena vigencia del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, aprobado por la Resolución 35/2024 del Ministero de Justicia tras la queja presentada por la defensa de Guillermo Rafael Boscán Bracho, líder de una banda narco.

Este viernes, mediante un comunicado oficial el Ministerio de Seguiridad Nacional informó que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la queja presentada por la defensa de Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias "Yiyi", mientras que ratificó la plena vigencia del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, aprobado por la Resolución 35/2024 de la citada cartera a cargo de Patricia Bullrich.

En el documento emitido se detalló que Boscán Bracho, líder de una de las bandas narcocriminales más peligrosas del estado venezolano de Zulia —frontera con Colombia—, tenía una circular roja de Interpol y fue detenido en Argentina. 

Así las cosas, la organización que encabezaba está vinculada a graves delitos transnacionales, lo que motivó su inclusión en el régimen de alto riesgo que establece condiciones especiales para su detención.

Por su parte, el máximo tribunal penal del país, integrado por los jueces Mariano Hernán Borinsky (presidente), Javier Carbajo y Gustavo Hornos (vocales), resolvió no hacer lugar a la queja interpuesta contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, que había confirmado la aplicación del régimen especial. 

Cabe recordar que, el texto manifiesta: “La defensa había planteado que la incorporación al sistema de alto riesgo violaba garantías constitucionales y afectaba el derecho de defensa en juicio”.

Por último, se recordó que el Tribunal dejó en claro que la medida de habeas corpus promovida solo se había limitado a ampliar las visitas y comunicaciones telefónicas del detenido, lo cual ya había sido concedido por la justicia federal, y que cualquier planteo sobre la inclusión en el sistema de alto riesgo debía realizarse a través de los mecanismos procesales correspondientes.

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