La Justicia Federal comenzó a cerrar el cerco sobre el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras una denuncia que advierte sobre posibles irregularidades en contrataciones del Estado. La investigación busca determinar si el Gobierno favoreció a un entramado de empresas tecnológicas que tendrían vínculos entre sí y que, además, mantendrían relaciones comerciales con la consultora de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.

La causa se encuentra en el juzgado de Ariel Lijo y cuenta con la intervención del fiscal Carlos Stornelli. El foco principal está puesto en presuntos direccionamientos en licitaciones de servicios de mensajería masiva y en la concesión de predios públicos. Se sospecha de una estructura diseñada para beneficiar a proveedores específicos mediante mecanismos que eludieron la libre competencia.

Licitaciones bajo sospecha y supuesta cartelización

Uno de los puntos centrales de la pesquisa es una contratación del año 2025 para servicios de SMS y correos masivos adjudicada a la firma ATX S.A. por una suma superior a los 3.650 millones de pesos. La denuncia sostiene que las tres compañías que participaron de la compulsa podrían haber simulado una competencia, ya que compartirían domicilios legales y vínculos entre sus directivos.

La Justicia intenta confirmar si existió una "apariencia de pluralidad" para encubrir lo que en realidad sería un mismo grupo empresario. A este escenario se suma la sospecha de sobreprecios, dado que el valor de los mensajes de texto en contratos similares habría sufrido incrementos significativos en dólares, levantando alertas sobre los costos pagados por el Estado Nacional.

Los vínculos de la consultora familiar

El expediente judicial también pone la lupa sobre la consultora +Be, propiedad de Bettina Angeletti, esposa de Adorni. Según la presentación de Pagano, esta firma privada tiene como clientes a importantes contratistas estatales. Entre ellos figuran el Grupo Foggia, vinculado a Tecnópolis, y el Grupo Datco, proveedor recurrente de organismos como la AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas.

Otro nexo que genera ruido en Comodoro Py es la relación con la naviera National Shipping S.A., contratista de YPF. La relevancia de este punto radica en que el propio Manuel Adorni fue designado director titular de la petrolera estatal a principios de 2026, lo que configuraría un potencial conflicto de intereses debido a los servicios que su entorno familiar presta a proveedores de dicha compañía.

El canon de Tecnópolis en la mira

La investigación no se agota en el área tecnológica. También se encuentra bajo estudio el proceso de concesión del predio de Tecnópolis por un periodo de 25 años. Se trata de un negocio millonario gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que depende jerárquicamente de la Jefatura de Gabinete que conduce Adorni.

La denuncia apunta a una posible vinculación entre el funcionario y las empresas interesadas en el predio que, a su vez, serían clientes de la consultora de su esposa. Por este motivo, la imputación inicial incluye delitos graves como fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.

El avance de la fiscalía y las medidas de prueba

Ante la gravedad de los hechos denunciados, el fiscal Carlos Stornelli resolvió impulsar la acción penal y solicitó al juez Lijo una amplia recolección de pruebas. Entre los pedidos, se destacan los expedientes administrativos de áreas críticas de comunicación y los legajos de siete firmas tecnológicas que habrían participado de los procesos cuestionados.

Stornelli busca reconstruir la "ruta de los proveedores" para identificar a los verdaderos beneficiarios de los fondos públicos. Para ello, pidió informes a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Oficina Nacional de Contrataciones. El objetivo final es determinar si estas licitaciones cumplieron con los estándares de transparencia o si se trataron de "ventanillas de negocios" diseñadas para el beneficio personal de los involucrados.