La Justicia rechazó la detención de los dirigentes sociales investigados por los comedores
El juez Sebastián Casanello falló a favor del pedido que plantearon las defensas de 13 de los imputados del Polo Obrero, señalados por supuestas irregularidades en comedores sociales.
El juez federal Sebastián Casanello dictó la exención de presión a los dirigentes sociales acusados por presuntas irregularidades en los comedores, tras considerar que "no existen razones para el encarcelamiento preventivo”.
Casanello falló a favor del pedido que plantearon las defensas de 13 de los imputados por el fiscal federal Gerardo Pollicita, además dispuso una serie de medidas, entre ellas la prohibición de salida del país y que “se abstenga de concurrir a los domicilios en donde funcionan los comedores que integran las organizaciones sociales a las cuales pertenece” mientras están bajo investigación.
La decisión alcanza a 13 de los 28 acusados: Gustavo Vázquez, Gianna Puppo, Iván Candotti, Jeremías Cantero, Brisa Paucara Choque, Patricia Iraman, Blanca Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Cynthia Delgado Vilches, Ariel Rojas, Silvia Sinche Moya, Lesli Salirrosas Castillo y María Dotti. Todos son integrantes del Polo Obrero.
Los acusados solicitaron la exención de prisión porque señalaron que existe una “presión mediática y política” para ser detenidos pero que no existe ningún riesgo para la causa para que esa medida se concrete.
El fiscal Pollicita había pedido la detención de los acusados por considerar que existe riesgo de que pudieran amenazar a los testigos. No obstante, no se opuso al pedido de la defensa, aunque sí solicitó una serie de medidas de coerción personal.
“La Constitución consagra para todos los habitantes de la Nación el derecho a la libertad ambulatoria y la garantía de ser tratado como inocente hasta que un juicio respetuoso del debido proceso determine lo contrario”, explicó el juez y luego aclaró que para romper ese principio se pueden aplicar dos reglas: que haya peligro de fuga de los acusados o de que en libertad entorpezcan la investigación.
“Bajo esos parámetros, tal como evalúa la fiscalía, no existen razones para el encarcelamiento preventivo. Su análisis sobre riesgos procesales no descarta su existencia aunque contempla la posibilidad de de neutralizarlos a través de medidas de menor severidad. Es una posición razonable”, aseguró Casanello.
Teniendo en cuenta que todos los beneficiados tienen arraigo, con domicilios constituidos y carecen de antecedentes penales, el juez ordenó cuatro medidas que deberán cumplir. La obligación de prometer que se someterán al proceso y no obstaculizarán la investigación; la obligación de presentarse todos los meses en el juzgado; la prohibición de salida del país y la entrega de sus pasaportes; y la obligación de “abstenerse de concurrir a los domicilios en donde funcionan los comedores que integran las organizaciones sociales a las cuales pertenece”.
