El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, se manifestó contra la determinación del presidente de la Nación, Javier Milei, de vetar la Ley de Emergencia que disponía un fondo especial de 200 mil millones de pesos para ayudar a las víctimas del temporal que azotó la localidad bonaerense el 7 de marzo pasado.

En una conferencia de prensa, Susbielles advirtió que la ciudad requiere de "gestión y presupuesto" para salir adelante tras la devastadora inundación y adelantó: "Voy a intentar comunicarme directamente con el Presidente".

“No me voy a apurar a hacer declaraciones sin tener las certezas del caso, sin poder hablar con el presidente de la Nación, sin poder confirmar. Siempre voy a tener el espíritu de trabajar articuladamente”, sostuvo Susbielles, rodeado por buena parte de su gabinete municipal.

“Bahía y sus vecinos tienen derecho a renacer, a que la ciudad tenga un mejor futuro. El veto no puede significar el cierre del capítulo”, aseguró el intendente bahiense y reclamó: "Solicitamos al Gobierno nacional una inversión en infraestructura acorde a lo que necesita la ciudad".

Además, mencionó que la obra del canal El Cholo “hoy es un tapón para la zona baja del sur” de la ciudad y alertó que actualmente se encuentra inconclusa. "Si el Gobierno no tiene financiamiento, proponemos una concesión al Consorcio del Puerto", aseguró.

Luego recordó además que ya se había reunido con funcionarios de Casa Rosada, como el responsable de Infraestructura del Ministerio de Economía, “a la espera de avanzar con la ejecución del préstamo de 200 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)".

“La ciudad ha dado una primera respuesta a la emergencia, con la restitución de servicios básicos, con mucha solidaridad de los bahienses. Hemos logrado ponernos de pie, pero quiero decir que la reconstrucción de la ciudad no empezó. Lo vengo diciendo desde que fue la tragedia. La ciudad necesitó, necesita y va a necesitar de la participación en gestión y presupuesto no solamente del gobierno municipal sino también del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional”, añadió Susbielles.

El intendente reprochó que no recibió respuestas tras reuniones para pedir obras que mitiguen los efectos de las lluvias, que tuvo con Milei y funcionarios nacionales en el mes de abril. 

“He tenido la oportunidad de reunirme con el presidente de la Nación en la quinta de Olivos y el día 24 de abril, previo a esa reunión, tuve una reunión con el responsable de infraestructura del Ministerio de Economía y con la gente de Vialidad Nacional”, recordó, y subrayó: “No hemos tenido todavía una devolución de estas reuniones que tuvimos en el Ministerio de Economía, esperamos tener una respuesta positiva”.

Las inundaciones en Bahía Blanca causaron millonarios daños materiales (Archivo).

Por otra parte, cabe recordar que mediante un decreto publicado esta mañana en el Boletín Oficial, Milei echó por tierra la Ley 27.790 que declaraba la emergencia y catástrofe en la provincia de Buenos Aires, con especial foco en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales. El Congreso de la Nación podrá insistir en la sanción de la norma pero para ello deberá reunir el apoyo de dos tercios de los votos en ambas cámaras.

La iniciativa apuntaba a crear un fondo especial de 200 mil millones de pesos para la asistencia de las víctimas y reconstrucción de las localidades afectadas por el temporal.

La ley vetada había sido sancionada el 4 de junio pasado y declaraba la emergencia por 180 días, creaba un fondo especial bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, otorgaba plazos de gracia en contratos y ejecuciones para damnificados, priorizaba la contratación de recursos locales en obras de infraestructura y establecía líneas de crédito preferenciales a través del Banco Nación. 

Además, la normativa contemplaba la articulación con el Gobierno bonaerense para eximir de impuestos y tasas a los afectados.

Para justificar el ajuste sobre los inundados, el gobierno libertario aseguró que las medidas propuestas ya habían sido implementadas mediante del Decreto 238/2025 que creaba un fondo especial de 200 mil millones de pesos gestionado por el ministerio de Seguridad y un régimen de subsidios denominado "Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR)".