El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, el hombre que rompió la hegemonía que por décadas tuvo la familia Posse en el distrito, está siendo una decepción para los vecinos, en medio de una tormenta de denuncias por diversos hechos de presunta corrupción que ensombrecen la gestión.

Hace pocos días, comenzando el mes de octubre, el intendente presentó la compra de 18 vehículos de alta gama para ser usados como patrulleros policiales. Pero lo que aparentemente era un beneficio para la comunidad, se puso en duda por parte de la oposición local, cuando se denunció que el intendente había pagado por cada vehículo, un monto muy superior al precio de mercado.

Para peor, la compra no se realizó por licitación sino por contratación directa, lo que agrega sospechas sobre el tema. El monto total de la compra supera los 812 millones de pesos, lo que arroja un precio por unidad de 73 millones de pesos, cuando en la página oficial de la marca, para un comprador particular que adquiere una unidad, no dieciocho, el valor es apenas superior a los 45 millones. Es decir que Lanús habría pagado 28 millones más por cada camioneta, con un aparente sobreprecio total de más $ 313 millones.

Si queremos agregar “curiosidades” a la cuestión, en el acto administrativo de contratación, el intendente menciona un supuesto “descuento” que la marca japonesa de vehículos le habría otorgado al municipio, un párrafo que parece risible a esta altura.

Pero la denuncia por los móviles no es la única. En el mes de septiembre, Lanús fue denunciado ante la Cámara Federal de San Martín, por el delito de malversación de fondos públicos, fraude a la administración y asociación ilícita, nada menos.

El tema que da origen a la denuncia es un convenio “de asistencia técnica” con la Universidad Nacional de San Martín, mediante el cual, de acuerdo al denunciante y su presentación judicial, se habría contratado a 550 agentes monotributistas con salarios de hasta 8 millones de pesos, los cuales no tendrían asignadas funciones, horarios ni tareas.

De acuerdo al denunciante “el acuerdo original era por una suma de 480 millones de pesos como pago único, pero las transferencias se multiplicaron mes a mes. Para junio 2025 el monto ya superaba los 12 mil millones de pesos”, una barbaridad de dinero para un municipio.

Pero además, el denunciante agrega que “estos hechos y las conductas asociadas tienen un condimento adicional. Del listado trascendieron nombres vinculados a la política local y a familiares de funcionarios municipales”, es decir, un entramado clásico de presunta corrupción política.

Lanús no es nuevo en la política. Formó parte del gobierno de Mauricio Macri como titular de la Agencia de Bienes del Estado (AABE) y fue objeto de varias denuncias por entregas irregulares de inmuebles, especialmente a la Ciudad de Buenos Aires.

La mayoría de esos traspasos se realizaron al final del gobierno de Macri, y especialmente, luego de que el ex presidente perdiera las elecciones primarias en la búsqueda de su reelección, por una diferencia indescontable. Esa irregularidad le costó a Lanús una denuncia que tramita por ante el Juzgado Criminal y Correccional n° 11 de Comodoro Py, por el posible incumplimiento de deberes de funcionario público y administración fraudulenta, que hoy lleva adelante el juez Julián Ercolini.

Pero además, el actual intendente de San Isidro protagoniza distantes investigaciones de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), por al menos un centenar de esos traspasos presuntamente irregulares, como la adjudicación del Paseo de la Infanta, que el funcionario llevó a cabo un día antes de dejar su cargo. La cesión se hizo a un empresario relacionado con Macri y según la SIGEN habría un “conflicto de intereses”.

Otro informe del mismo organismo de control, indica que el Estado habría perdido 76 millones de dólares con subastas de inmuebles entre los años 2017 y 2018 por la venta a precios muy inferiores a los indicados por los tribunales oficiales de tasación.

Hay unos cuantos informes comprometedores más, pero no vale la pena seguir enumerando. Este funcionario altamente cuestionado por su actuación en el gobierno de Macri, fue electo intendente de San Isidro, y ahora, la lluvia de denuncias le llega en ese rol, donde se comprometen los fondos que aportan los vecinos del municipio.