Los Trabajadores Viales denunciaron penalmente a Javier Milei
El gremio acusa al mandatario por el presunto manejo irregular de fondos de la Seguridad Social destinados a inversiones en el sector privado.
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación Argentina (STVyARA) denunció penalmente este lunes al presidente Javier Milei por el presunto manejo irregular de fondos de la Seguridad Social.
La presentación, registrada bajo el Nº 204/2026 ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), señala posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y administración fraudulenta.
Detalles de la acusación
La denuncia, impulsada por la secretaria general Graciela Aleñá y el abogado Eduardo Barcesat, sostiene que se habría producido una apropiación de recursos del sistema previsional para ser invertidos en el ámbito privado.
Según el texto, estos activos fueron derivados hacia instrumentos controlados por la Comisión Nacional de Valores, un organismo que el gremio considera ajeno al régimen solidario de reparto.
Para el sindicato, esta maniobra representa un retorno a esquemas del pasado.
"Esta situación representa un retroceso hacia esquemas similares a los implementados durante el régimen de las AFJP", advirtieron desde el gremio, señalando que aquel sistema solo benefició a entidades financieras en perjuicio de los trabajadores.
Alcance contra funcionarios y legisladores
La acción legal presentada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se limita al Poder Ejecutivo, sino que alcanza a los funcionarios que redactaron el proyecto de la Ley de Modernización laboral.
Asimismo, incluye a los legisladores nacionales que dieron su voto para la sanción de la Ley Nº 27.802, norma que facilitó los cambios cuestionados.
En el escrito se invoca la vulneración del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, además de convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los denunciantes afirmaron que "las medidas cuestionadas implican un retroceso en materia de derechos sociales", basándose en el principio de no regresión que rige los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

