El fiscal Guillermo Marijuan inició una investigación de oficio sobre la decisión del Ministerio de Desarrollo Social de dar de baja a 2.243 beneficiarios del programa Potenciar que habían vulnerado las condiciones para obtener esa ayuda. La determinación fue anunciada la semana pasada por la ministra del área, Victoria Tolosa Paz.

La sospecha de Marijuan es que la resolución ministerial se quedó corta y que los sancionados deberían haber sido muchísimos más. El fiscal se maneja con un informe que estima que más de 250 mil personas tienen actividad económica registrada que hace incompatible su permanencia dentro del padrón de inscriptos.

 

 

 

El funcionario judicial se basa en un trabajo citado por el portal de noticias Infobae, que habría tenido origen en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Sin embargo, el organismo no confirmó su autenticidad.

En el documento se consigna que hay 253.184 beneficiarios que habrían presentado declaraciones juradas del impuesto a los Bienes Personales, lo que sugiere que tienen un poder adquisitivo o manifestaciones patrimoniales lejos distintas del grupo al que el programa estatal busca ayudar. La cifra es casi un cuarto de los 1,3 millones de beneficiarios.

Además, en el grupo de irregularidades citadas se incluyen 44.235 casos de personas que en los últimos seis meses recibieron ingresos mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil y 63.211 casos con gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces ese valor.

El programa Potenciar está destinado a personas que tengan entre 18 y 65 años y que se encuentren en riesgo o estado de vulnerabilidad social o se desempeñen en alguna actividad de la economía popular. En esos casos, el Gobierno abona un monto equivalente al 50% del salario mínimo, vital y móvil ($ 28.950 a valores de noviembre).

 

Programa Potenciar: las irregularidades que detectó el Gobierno

 

Recientemente, Tolosa Paz informó que su Ministerio cruzó sus bases de datos con las de la AFIP y el Banco Central y que las irregularidades e incompatibilidades detectadas alcanzaban sólo al 0,3% del listado. De todas maneras, dispuso un reempadronamiento obligatorio para los inscriptos, que podrá realizarse a través de una aplicación.

 

 

La funcionaria aseguró que se dieron de baja 2243 planes, porque sus titulares utilizaron el dinero que les otorgó el Estado para comprar dólar ahorro, o bien registraron altos consumos en dólares con tarjeta de crédito.

Además, puntualizó que son 430 beneficiarios los que “compraron dólares ahorro en los últimos seis meses y, desde que rige la norma, hace 26 meses, son 2098 personas las que compraron dólar ahorro. Esas personas quedarán excluidas".

Durante la presentación del informe, la ministra detalló que “al 99,7% de los que están hoy en el Potenciar Trabajo les corresponde este ingreso" y solo "en el 0,3% de los casos hemos encontrado incompatibilidades y vamos a ser inflexibles". 

 

 

Luego se refirió a las personas que están adheridas al plan y realizaron compras con tarjeta de crédito en moneda extranjera y señaló: “Unos 85 mil beneficiarios hicieron compras con tarjeta de crédito en moneda extranjera, en promedio, por 1,55 dólares. Por ejemplo, para descargar una aplicación. Sin embargo, 145 han adquirido compras desde los 100 hasta los 50 mil dólares en 26 meses. Son 145 bajas. No hay vulnerabilidad social en esos casos”.

“También hay 947 titulares a los que se les suspende, porque las compras en dólares fueron sistemáticas y, aunque en montos menores, fueron sostenidos en el tiempo en los 26 meses. Se va a analizar cada caso”, explicó Tolosa Paz.