El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es la herramienta técnica diseñada por el Estado Nacional para atraer capitales de gran escala mediante una estructura de beneficios a largo plazo. 

Este marco legal, que el presidente Javier Milei planea profundizar con una nueva normativa, establece un piso de inversión de US$ 200 millones y garantiza a las empresas adjudicadas 30 años de estabilidad fiscal, protegiéndolas de cambios en la presión tributaria o la normativa vigente durante tres décadas.

El sistema funciona como un registro donde las compañías presentan planes de inversión en sectores críticos como la minería, la energía, la tecnología y la infraestructura. 

Según datos oficiales, hasta el momento el esquema ha servido para confirmar 13 iniciativas que representan un flujo total de US$ 18.351 millones para la economía argentina.

Los pilares del beneficio impositivo y estabilidad

La clave del régimen reside en ofrecer previsibilidad en una economía con alta volatilidad. 

Las empresas que ingresan acceden a un tratamiento impositivo estratégico que facilita la rentabilidad de proyectos cuya recuperación de capital suele demorar décadas. 

"Este marco legal estará disponible hasta julio de 2027", señalan las especificaciones actuales del régimen, estableciendo una ventana de oportunidad para el ingreso de proyectos de infraestructura pesada.

Los sectores que más han utilizado esta herramienta son:

• Minería de exportación: Principalmente enfocada en litio, cobre, oro y plata en provincias como Salta, Catamarca y San Juan.

• Energía e Hidrocarburos: Proyectos de gas natural licuado y oleoductos para conectar Vaca Muerta con puertos de exportación.

• Energías Renovables: Construcción de parques solares y eólicos en Mendoza y la Provincia de Buenos Aires.

El impacto en el empleo y la infraestructura local

Más allá de los beneficios fiscales, el régimen exige el desarrollo de obras de infraestructura que quedan como activo para el país. Un ejemplo es el Vaca Muerta Oleoducto Sur, que implica una inversión de US$ 2.486 millones para transportar crudo desde Allen hasta Punta Colorada.

En términos laborales, proyectos mineros como Diablillos, ubicado entre Salta y Catamarca, proyectan la creación de 1.200 empleos genuinos. 

De esta manera, el sistema busca que el incentivo fiscal se traduzca en una reactivación de las economías regionales y la generación de divisas a través de la exportación masiva de recursos naturales y energía procesada.