La reforma judicial avanza en el Senado, pero la estrategia es para Diputados

El oficialismo firmó el dictamen en la Cámara Alta y lo votará la próxima semana, aunque no tiene los votos para sancionarlo en la Cámara Baja. La seducción a los gobernadores y las variantes para evitar un fracaso político en un tema clave.

Con el dictamen firmado ayer en el plenario de comisiones que tratan la reforma judicial, el Frente de Todos demostró en el Senado que no dará marcha atrás con la propuesta enviada por Alberto Fernández. La oposición señaló una y otra vez que fue uno de los reclamos más mencionados en la marcha del lunes, y pidieron que "como hizo con Vicentín", el presidente "tome nota de que cometió un error y retire el proyecto". "Escuchen a la gente", reclamó el radical Luis Naidenoff en su cierre del debate. 

Con amplia mayoría en la cámara que preside la vicepresidenta Cristina Kirchner, el oficialismo no necesita aliados para darle la media sanción al proyecto, pero ayer aceptó algunas propuestas de cambios al texto original. El motivo no necesita explicaciones: en Diputados, los números hoy están del lado de la oposición. 

Negociación múltiple

Desde que se anunció la intención de tratar la reforma, Juntos por el Cambio logró por primera vez cerrar sus filas internas en un rechazo de plano a la propuesta. Sin contar con apoyos en ese sector -donde habitualmente suma alguno- el oficialismo aún podría conseguir llegar a la mayoría necesaria, pero varios de sus aliados ya se sumaron al "no". 

El Frente de Todos es primera minoría con 119 legisladores, pero el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, no vota (a excepción de un hipotético escenario de desempate) y tampoco lo hará Ignacio de Mendiguren, en uso de licencia ya que preside el BIDE.
Para llegar a los 130 que le aseguren la mitad más uno necesitaría 12 manos alzadas por fuera del bloque que conduce Máximo Kirchner. 

Los ocho que comanda el mendocino José Luis Ramón del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo no emitieron postura conjunta, aunque la diputada tucumana Beatriz Avila se pronunció en contra del proyecto "así como está". 

Además de ese espacio, suelen votar junto al peronismo el sector que responde a Roberto Lavagna, de tres diputados, comandados por Graciela Camaño. Pero ya aseguraron que no acompañarán la moción. De más está decir, la izquierda se opone. 

Cuatro cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti sostuvieron ayer que se suman a los rechazos. El peronista de Córdoba tiene buena relación con Alberto Fernández, pero en su provincia hay un fuerte respaldo a Macri y la marcha del lunes se sintió con fuerza. 

A la conquista de voluntades

Con ese panorama, Máximo Kirchner y Sergio Massa recorren las oficinas de la Casa Rosada y despachos opositores para ver qué cambios se podrían introducir al texto con el fin de modificar algunas posturas. 

En el radicalismo asociaban ayer lo sucedido con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses con la reforma judicial. ¿Qué tiene que ver el dinero del Estado y los jubilados con los votos de la reforma? 

Las provincias han tomado préstamos de ese dinero, y durante el macrismo lograron que se suspenda el pago de los intereses de dichos montos -en otra negociación de Macri con los gobernadores-. Ese acuerdo se venció este mes, y no había sido prorrogado por el gobierno nacional, que acumuló pedidos de mandatarios provinciales asfixiados por la caída de la recaudación en su despacho. 

Ayer, sin embargo, vía teleconferencia, el ministro del Interior "Wado" De Pedro anunció que extenderían ese beneficio. De la reunión participaron Sergio Massa y Máximo Kirchner. "Los gobernadores tienen que elegir otra vez entre obras y sanear sus cuentas o votar lo que piensan", murmuraba una voz en los pasillos del Congreso. 

Los cambios al proyecto

Otro gesto para buscar aliados: entre los cambios que se introdujeron en el texto del Senado, se amplían los nuevos juzgados a crearse en las provincias. Esos nuevos jueces serían propuestos por los gobernadores, para que los voten las legislatura provinciales. 

Desactivando críticas legales al texto, finalmente no se unificará el fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo, sino que se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia, que era una de las principales quejas de los juristas que expusieron. 

También se agregó un régimen específico en materia penal juvenil, otro gesto a un sector de la oposición que pide avanzar con la agenda de Seguridad. 

Massa, ¿resignado?

Al exhibir el resultado de las votaciones, la pizarra del Congreso muestra en rojo los votos negativos, en verde los que son a favor y en celeste las abstenciones. Hoy hay mayoría de rojos. 

El oficialismo tiene terreno inclinado en su contra para lograr la sanción en Diputados, una votación que se estima se daría dentro de al menos dos o tres semanas. Anoche, Sergio Massa aseguró que "hay cosas más importantes" que la reforma judicial, y destacó que esperará "el resultado del Senado y a partir de ahí" empezará a trabajar.

El referente del Frente de Todos sabe que milita una causa que no es la suya, pero debe mostrar todo su músculo político para evitar un fracaso donde quedaría como apuntado.  "Hay que aprender a desdramatizar un poco el tema". Según dijo, se debe bajar el tono a la discusión porque sino "la sociedad ve circo, pero no ve resolución a sus problemas".

Lejos de aceptar la derrota, empezó la estrategia hacia la oposición. El primer punto es lograr que Juntos por el Cambio acepte continuar las sesiones virtuales, un acuerdo que se venció la semana pasada y todavía no lograron renovar. En la interna opositora se juega fuerte para bloquear de esa forma la reforma judicial. No quieren darle la posibilidad al oficialismo de negociar cambios con el resto de la oposición, ni tener nuevas fisuras internas. 

"Tenemos varios temas que resolver y aspiramos a que todos los diputados trabajen, se sienten en sus bancas o se conecten por teleconferencia porque tenemos un tema muy importante", remarcó Massa.
En ese juego vuelve a aparecer el gesto de ayer de la Casa Rosada a los gobernadores. La salida de la deuda que tienen que empezar a pagar no será por la vía de un decreto, sino que se enviará un proyecto al Congreso para darle marco institucional. Es decir, necesitan que haya sesiones. 

Un esquema similar se dio en diciembre con la ley de Solidaridad Social, que entre otros puntos daba de baja la fórmula de cálculo de aumentos de los jubilados. En aquel entonces, la "zanahoria" para los gobernadores fue suspender el pacto fiscal que les impedía subir impuestos. Los radicales amenazaron con viajar desde sus provincias para que sus diputados dieran quórum en la sesión, lo que finalmente sucedió. 

Entre las diversas estrategias legislativas, nadie descartan que algunos opositores no acompañen la iniciativa, pero se abstengan a la hora de votar, permitiendo que la cifra de verdes en la pizarra final sea apenas superior a la de rojos. La definición se dará en unas semanas, pero la negociación ya empezó. 

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