Como pocos temas, la reforma judicial enviada por el gobierno nacional al Congreso despertó una fuerte polémica. Las dudas sobre las causas de corrupción, las marchas opositoras y la fuerte disputa planteada entre oficialismo y oposición tienen un nuevo capítulo en la novela con final abierto. 

El proyecto avanzará con seguridad un casillero esta tarde noche, dado que el oficialismo tiene una amplia mayoría en el Senado para la sesión que comenzará a las dos de la tarde. 

A pesar de esa holgura en la Cámara Alta, la tensión se mantiene al máximo nivel. Tras la masiva marcha del lunes 17, la oposición volvió a convocar a una nueva manifestación, que comenzó ayer en forma de vigilia y continuará durante toda la jornada -al mediodía se realiza el "abrazo simbólico"- a la espera de la votación, que se daría recién cerca de la noche. 

Desde Juntos por el Cambio buscarán dar la pelea, porque saben que la presión se trasladará a partir de mañana a la Cámara de Diputados, donde el Frente de Todos deberá trabajar y mucho para lograr el consenso necesario para su sanción. Nadie descarta incluso aplicarle nuevos cambios y que el proyecto vuelva posteriormente al Senado para convertirse en ley. 

 

De ahí que los senadores insistan en sus críticas y hayan decidido participar de la sesión virtual. Concretamente, plantean que el debate no tuvo en cuenta los reclamos de los especialistas, que el gasto de la reforma es demasiado alto y que el momento social, político y económico no permite dar la discusión con claridad y con el consenso necesario.

Con 40 integrantes -sin contar al tucumano José Alperovich, que hoy extenderá la licencia por la acusación de abuso sexual, ni Carlos Menem-, el Frente de Todos no tendría dificultades para aprobar el proyecto de organización y competencia del Poder Judicial y girarlo a la Cámara de Diputados, donde el cálculo de votos es más ajustado.

Causas de corrupción

Uno de los puntos centrales del debate fue la sospecha planteada por la oposición respecto del objetivo de la propuesta. Los legisladores aseguraron que el gobierno buscaba designar nuevos jueces para quitarles a los actuales las causas de corrupción contra ex funcionarios kirchneristas. De ahí que se especificara una y otra vez que las causas abiertas seguirán en sus juzgados naturales. 

También, para evitar que se repita lo que sucede actualmente, se transmitirán los sorteos de las nuevas investigaciones, para dar transparencia al sistema. 

Los cambios buscando consenso

Con el rechazo absoluto de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos encaró una negociación con los gobernadores, en un intento por mejorar sus chances en la Cámara de Diputados. Por ese motivo se ampliaron los nuevos juzgados federales que se crearían en las provincias, y también se incluyó un artículo para debatir futuros régimenes penales juveniles, en un guiño a los sectores de Justicia y Seguridad. 

Entre los aspectos principales, se unifican los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico Nacional, que pasarán a denominarse fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

A los 23 juzgados de este nuevo fuero se sumarán otros 23, totalizando 46, y a su vez se sumarán cinco tribunales orales a los 12 existentes actualmente entre ambos fueros.

También se decidió hacer de manera gradual (en dos años) el paso al sistema acusatorio, que da mayor poder a los fiscales. 

En sentido opuesto, se agregó al proyecto original un artículo para que los jueces puedan "denunciar presiones", que incluyen a críticas de medios de comunicación, lo que volvió a tensar el vínculo con la oposición, los gobernadores y también al interior del oficialismo.