Nuevos capítulos e interrogantes sobre su patrimonio complican la situación judicial de Pablo Toviggino, el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que comanda Claudio Tapia. 

El dirigente es investigado por posibles inconsistencias entre sus declaraciones fiscales, su nivel de ingresos y el volumen de bienes que se le atribuyen.

Según datos presentados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Toviggino declaró durante 2024 ingresos por casi 13 millones de pesos, con consumos cercanos a los 10 millones, lo que -de acuerdo a su propia presentación- lo dejó fuera del pago del Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, ese perfil contrasta con el estilo de vida y el entramado empresarial que los investigadores buscan desentrañar.

Es que los antecedentes impositivos refuerzan las dudas. En los últimos años, los pagos de Ganancias del dirigente fueron bajos en relación con el patrimonio que se le adjudica: cifras que van desde los 180 mil pesos en 2019 hasta cerca de 4 millones en 2023.

El contraste se profundiza al analizar su presunta vinculación con sociedades comerciales que manejarían grandes volúmenes de dinero. De acuerdo con fuentes judiciales, Toviggino estaría relacionado con al menos 35 propiedades y 135 vehículos, además de mantener gastos personales elevados y residir en una propiedad en Pilar valuada en millones de dólares.

Ante el juez Diego Amarante, el propio dirigente intentó justificar su situación: aseguró que vive en una casa alquilada, que trabaja como autónomo y que percibe unos cinco millones de pesos mensuales, ingresos que, según dijo, le alcanzan para sostenerse.

La investigación, sin embargo, avanza en varias direcciones. El fiscal Pedro Simón advirtió sobre una posible "defraudación sistemática" contra la AFA y apuntó a una presunta evasión mediante el uso de facturas apócrifas emitidas por empresas vinculadas al dirigente.

En paralelo, el expediente también involucra al presidente de la AFA, quien fue procesado junto a Toviggino por delitos relacionados con la apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. La causa investiga más de 19.300 millones de pesos que no habrían sido ingresados en tiempo y forma.

Además, la ARCA detectó facturación presuntamente irregular por más de 235 millones de pesos vinculada a obras y servicios que, según la acusación, no se habrían realizado.