Causa AFA: la Justicia traslada a Campana la investigación por la millonaria quinta de Pilar
La Cámara Federal de San Martín definió que el juez Adrián González Charvay asuma la causa por presunto lavado de activos. El expediente analiza una propiedad de 17 millones de dólares que estaría a nombre de supuestos testaferros de altos directivos del fútbol argentino.
La Sala II de la Cámara Federal de San Martín resolvió un conflicto de competencia en el marco de la investigación por una mansión ubicada en el partido bonaerense de Pilar, que estaría a nombre de presuntos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
De este modo, la causa pasará del Juzgado en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Marcelo Aguinsky, al Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, conducido por el juez Adrián González Charvay.
El camarista Alberto Lugones determinó el traspaso del expediente por una cuestión de competencia territorial, al considerar que las propiedades investigadas por un presunto delito de lavado de activos se encuentran en el partido de Pilar.
Según la resolución, “el punto determinante en la configuración del delito de lavado de activos (…) habría tenido lugar en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, donde presuntamente se habrían utilizado fondos de origen ilícito para ingresarlos al sistema formal mediante la adquisición de un inmueble”.
La causa señala que en la quinta investigada se hallaron autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, una pista de entrenamiento equino, un helipuerto y múltiples instalaciones deportivas.
La denuncia remarca además “la imposibilidad evidente de afrontar una compra de semejante envergadura económica” por parte de la sociedad propietaria, Real Central SRL, vinculada al supuesto testaferro Luciano Pantano y a su madre, Ana Conte.
Tanto Pantano como Conte habían presentado un pedido de inhibitoria para que la causa fuera remitida a Campana, al sostener que el presunto hecho de lavado de activos —la adquisición de la quinta en Villa Rosa— se produjo dentro de esa jurisdicción.
El juez González Charvay reclamó la competencia y la Cámara hizo lugar al planteo, priorizando el lugar donde habría ocurrido el núcleo del delito investigado.
La investigación apunta a que la casaquinta, valuada en alrededor de 17 millones de dólares, junto con una flota de vehículos de alta gama estimada en casi 4 millones de dólares, un helipuerto privado y otros bienes registrados a nombre de Real Central SRL, pertenecerían en realidad a altos dirigentes de la AFA.
Durante la feria judicial de enero, la defensa de los imputados intentó frenar el avance de la causa. Sin embargo, el juez Aguinsky habilitó la feria y rechazó suspender las medidas de investigación. Con el pase del expediente a Campana, González Charvay continuará ahora con la instrucción del caso.
El magistrado será el tercer juez en intervenir en la denuncia presentada por la Coalición Cívica, desde donde advirtieron que la última decisión judicial podría beneficiar a los presuntos testaferros y dilatar o dificultar el avance de la investigación.
