A 10 días del gobierno de Javier Milei, todas las miradas estarán puestas en la marcha del miércoles 20, y la puesta en práctica del protocolo "antipiquetes" que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que afirmó "por dentro de la ley todo, por fuera de la ley nada", y que el "que corta, no cobra", advertencia que volvió a ratificar la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En ese marco, dentro de la batería de medidas que incluye el programa, se aplicará un sistema de reconocimiento facial para identificar a los manifestantes que no cumplan con las condiciones, y así sacarles los planes sociales.

El protocolo, que tiene como objetivo principal controlar los posibles cortes y movilizaciones en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, y trabajarán las cuatro fuerzas federales - Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). 

Según la nueva disposición, las fuerzas podrán intervenir en caso de bloqueo de caminos, piquetes o protestas que obstaculicen, total o parcialmente, la circulación del resto de los ciudadanos, ya que según manifestó Patricia Bullrich, "se pueden manifestar, pero sin cortar la calle". Ese protocolo es de estricta aplicación en territorio federal, y cada jurisdicción debe plegarse si es que así lo cree necesario. 

Sin embargo, en cuanto al reconocimiento facial, aún no hay precisiones de cómo se aplicará. Fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien había anticipado el espíritu de la medida en su habitual conferencia de prensa tras la reunión de Gabinete.

"El anuncio será con la precisión de no cortar las calles y que nadie que no necesita recibir un beneficio del Estado salga beneficiado", señaló y ante la consulta de cómo se procederá a identificar a posibles beneficiarios, apuntó: "Por las cámaras de reconocimiento facial". Según explicaron, es un sistema del cual disponen las autoridades de Seguridad en las marchas y manifestaciones.

Cabe destacar que, hasta el momento, los sistemas más empleados fueron varios. Uno que se empezó a usar en 2018 en las canchas del fútbol argentino como parte del programa Tribuna Segura 2.0.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la encargada de anunciar el protocolo antipiquetes.

Otro, el de reconocimiento de prófugos y personas desaparecidas en las terminales de transporte público en 2019, que luego se dejó de usar. Y en tercer lugar, un programa que obtiene datos biométricos, que sobre todo se usa en Rosario por las causas narcos.

En tanto, la Policía de la Ciudad amplió la red de reconocimiento facial a las casi 7.000 cámaras instaladas en los puntos neurálgicos de la vía pública y principales estaciones y nodos de la red de subtes.

Pero está suspendido desde 2022 por un fallo del juez Roberto Gallardo que argumentó posibles acciones de espionaje. Más tarde, la jueza Elena Amanda Liberatori lo declaró inconstitucional.

Además, cabe mencionar que para hacer la identificación de rostros es necesario un programa informático que va a reconocer qué imagen corresponde al rostro de una persona y se va a concentrar sobre esa figura.

De allí obtiene datos biométricos que, para ponerles nombre y apellido, deberá compararlos con los de una base de datos. Esa base de datos puede ser el Registro Nacional de las Personas (Renaper) o el sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc), el que usaba la Ciudad de Buenos Aires para buscar prófugos y que en 2019 contaba con más de 40 mil personas en la lista.