Una denuncia que incluye omisiones en las leyes migratorias, violación de derechos humanos y falsificación de documentación sacude a Francia. La acusación fue formulada por la ONG Human Right Watch, recae contra las fuerzas de seguridad y la víctima son niños.

Según informó la organización, la policía francesa está expulsando sumariamente a decenas de niños y niñas no acompañados a Italia cada mes, violando el derecho francés e internacional.

Para autorizar las devoluciones, la policía suele anotar en los documentos oficiales edades o fechas de nacimiento diferentes a las declaradas por los niños y niñas, incluso en los casos  respaldados con documentación, indicaron en un comunicado.

“La policía fronteriza francesa no tiene autoridad legal para decidir quién es y quién no es menor de 18 años”, dijo Bénédicte Jeannerod, directora de Francia para Human Rights Watch.

“En lugar de hacer juicios precipitados basados en la apariencia o el capricho, la policía fronteriza debería remitir a los jóvenes a las autoridades de protección de menores para que reciban atención adecuada”, agregó.

Falsificación de documentos

Asif F., un joven pakistaní de 17 años, al momento de ingresar al país indicó que nació en el 2003, pero los policías anotaron 2000 como su fecha de nacimiento.

HRW revisó estos formularios y la metódología se repitió con dos niños sudaneses que dijeron tener 17 y 16 años, pero cuyas edades quedaron registradas como 27 y 20 años, respectivamente.

Gran parte de las devoluciones se concentran en el paso entre Menton y Ventimiglia, donde las autoridades galas trasladas a los migrantes hasta el puente de Saint-Louis para indicarles que crucen a pie hasta el puesto fronterizo italiano.

Según la organización, la Policía de Francia no informó a ninguno de los niños ni adultos entrevistados de que tenían derecho a solicitar asilo.

Las acuasaciones no son nuevas. Otras ONGs como Diaconia Valdese y WeWorld, que trabajan en la frontera franco-italiana, aseguran que ese tipo de casos ocurren todos los días.

Desde la primera semana de febrero de 2021, los voluntarios documentaron al menos 60 relatos de niños y niñas no acompañados que contaron que fueron expulsados de Francia. Y a esos se le deben sumar los 30 reportados con anterioridad. 

Las personas detenidas por la noche, incluidos los niños, suelen quedar detenidas en tres unidades prefabricadas, cada una del tamaño de un contenedor, antes de ser devueltas a Italia. Tanto niños como adultos dicen que a menudo pasan hambre y frío en estas celdas.

“Las condiciones de detención en las celdas fronterizas de Menton son abusivas para personas de cualquier edad. Para los niños y las niñas, pueden ser traumatizantes”, dijo Jeannerod.

Además, algunos de los afectados contaron que la policía francesa no les devolvió todas sus pertenencias antes de expulsarlos, como documentos, teléfonos con información de contacto y hasta dinero.

¿Qué establece la legislación?

La ley francesa autoriza un procedimiento conocido como "denegación de entrada" y que, con los controles fronterizos en vigor, permite devolver inmediatamente a las personas llegadas desde Italia. Francia restableció dichos controles tras los atentados de noviembre de 2015 en París.

Dado que los agentes fronterizos italianos no aceptan niños no acompañados, la policía fronteriza francesa debe trasladarlos a las autoridades francesas de protección de menores. Adempas, la policía fronteriza francesa está obligada a ofrecer a cualquier persona, incluidos los niños no acompañados, la opción de solicitar asilo en Francia si así lo solicita, pero eso no ocurre.

Según los grupos que trabajan en el lado italiano, en Ventimiglia, las autoridades galas denegaron la entrada a entre 80 y 120 personas cada día entre julio y finales de octubre de 2020, tanto adultos como niños.

Debido a las restricciones por la pandemia del Covid-19, la cifra se habría reducido en los meses posteriores a entre 50 y 70 al día, mientras que más recientemente los números varían y hay jornadas con más de cien expulsiones.

El gobierno francés recibió repetidas advertencias en los últimos años de que las expulsiones infringen con frecuencia la legislación francesa y el derecho internacional de los derechos humanos.

En octubre del año pasado, un informe conjunto de Amnistía Internacional y otras 10 organizaciones no gubernamentales puso en evidencia numerosos casos en los que la policía francesa anotó fechas de nacimiento incorrectas en los formularios de denegación de entrada y luego expulsó a jóvenes que declararon a la policía ser menores de 18 años.

Los casos se concentran en la frontera entre Menton y Ventimiglia.

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