La presunta megaestafa digital $Libra suma otro capítulo internacional. A la denuncia criminal que ya recibió el FBI se agrega una demanda civil multimillonaria que prevé impulsar el estudio jurídico neoyorquino Burwick Law. Con más de 200 damnificados de Argentina, Estados Unidos, Europa y Asia, la firma evalúa presentar una "class action" contra los responsables de la operatoria que promovió o difundió el presidente Javier Milei.

La denuncia se suma a la realizada por el estudio Moyano & Asociados, de Argentina, que fue presentada ante el Departamento de Justicia y el FBI como un "reporte de operaciones criminales" con el objetivo de que se investigue y sancione penalmente a los responsables de la presunta estafa, incluyendo al presidente Javier Milei, su hermana y empresarios vinculados.

El bufete estadounidense Burwick Law, en tanto, prepara una demanda colectiva con un enfoque estrictamente civil. Representa a inversores que buscan recuperar su dinero a través de una acción judicial en cortes estadounidenses. A diferencia de la denuncia penal, esta demanda apunta a la compensación económica de los damnificados y no menciona directamente a Milei como demandado, aunque subraya que el esquema se valió de figuras públicas para ganar credibilidad.

El bufete captó a la mayoría de sus clientes a través de redes sociales, donde el sábado publicó un comunicado ofreciendo representación legal a los damnificados. "Si perdió dinero en $Libra, comuníquese con Burwick Law para conocer sus derechos legales", rezaba el mensaje fijado en su cuenta de X.

Ofensiva legal

El bufete, especializado en la protección de consumidores digitales, anunció que investiga el caso y diseña una estrategia legal para recuperar el dinero de sus clientes. "Defenderemos celosamente a nuestros representados mediante los recursos civiles disponibles, incluyendo litigios si se justifica", aseguró su socio gerente, Max Burwick.

Si bien todavía no definieron el camino jurídico a seguir, la demanda podría presentarse en distintas jurisdicciones dependiendo de factores como la residencia de los responsables, el origen de las inversiones y la ruta del dinero. El estudio ya representa a víctimas de Argentina, Estados Unidos, Europa, Asia y África y busca aliados en otras jurisdicciones para ampliar su alcance.Burwick Law señaló que este tipo de fraudes suelen tener en común el uso de figuras públicas que no son expertas en criptomonedas para atraer a inversores desprevenidos.